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Estados Unidos

Trump vetará la Ley de Defensa Nacional si no se le quita la inmunidad legal a las redes sociales como Twitter o Facebook

El anuncio lo hizo el Presidente esta semana, en uno de sus más importantes intentos para poder finalmente quitarle poder a las grandes compañías tecnológicas y sus redes sociales que están protegidas bajo la Sección 230. 

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta semana mediante sus redes sociales que vetará la Ley Anual de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) sino se incluye en la ley la eliminación de la llamada "Sección 230″. 

La Sección 230 es un fragmento de la Ley de Decencia de las Telecomunicaciones, aprobada por el Congreso en el año 1996 con el objetivo inicial de regular ciertos problemas que se encontraban cuando el Internet comenzaba a hacerse masivo.


Con el paso del tiempo y el crecimiento del Internet, esta sección se transformó en una especie de escudo legal para las grandes redes sociales actuales, como Facebook, Twitter, Instagram o Snapchat.

Gracias a las inmunidades legales que le ofrece el Estado a las empresas de redes sociales, ningún usuario puede demandar o iniciar ningún proceso legal contra estas empresas por las acciones abusivas o ilegales que ocurran en sus plataformas

Esto fue otorgado bajo la condición de que las redes sociales se comporten como distribuidoras de contenido, mientras que actualmente las mismas actúan como editoras de contenido, ya que limitan y censuran a su antojo a los usuarios que no comulguen con su discurso. Para el Estado, las redes sociales operan como una plaza pública administrada por entes privados que, como bien ocurre en las plazas, nadie te puede negar el ingreso a las mismas.
Ya en los años 2000s había surgido la polémica por las bases y condiciones que las redes sociales hacían firmar a sus usuarios, y muchos senadores en aquél entonces habían cuestionado si la Sección 230 debería seguir protegiendo a las empresas que pongan reglas más estrictas que las mismas leyes del país para ingresar la misma. 
Ahora, la disputa volvió a aparecer, ya que las empresas tecnológicas no solo restringen el acceso (reservándose el derecho de admisión), si no que editorializan el contenido, yendo más allá de lo estipulado en sus bases y condiciones para decidir arbitrariamente qué publicaciones son verdaderas o falsas y cuáles están verificadas por ellos mismos. Legalmente, esto convertiría a cualquier empresa en un publisher, y debería perder la inmunidad legal de la Sección 230
Pero este artículo es ambiguo y nunca fue revisado, a pesar de que fue creado en un año cuando las mismas redes sociales no existían, y deja la puerta abierta a estos abusos

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La Sección 230 forma parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que autoriza ciertos gastos del Ejército Nacional y las agencias de seguridad para el siguiente año fiscal.

El Presidente Trump quiere eliminar completamente esta sección no sólo para ponerle un freno al poder de las redes sociales y de las grandes compañías tecnológicas, sino también porque, al ser parte de la NDAA, este fragmento representa una seria amenaza a la Seguridad Nacional del país. 

Cabe aclarar que lo que pide Trump no es descabellado. Las mismas empresas que están bajo la lupa ya trabajan respetando su condición de distribuidora de contenido en sus subsidiarias.

Por ejemplo, mientras Facebook en su red social no respeta la Sección 230, en WhatsApp sí lo hace, ya que jamás se censuró a nadie por mandar un mensaje ni se le pone un cartel al texto de "este contenido es falso" cuando uno habla con sus familiares o amigos.

Tampoco editorializan el contenido Twitter o Instagram en sus "mensajes privados", lo que evidencia más que estas empresas buscan aprovecharse de la Sección 230 para frenar la difusión masiva de información.

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Luego de pedir por la abolición de esta sección y al ver que los legisladores republicanos no lo iban a apoyar en este asunto, el Presidente Trump no tuvo más remedio que anunciar que vetaría la Ley de Defensa si no le hacen caso. 

Trump apuntó contra Jim Inhofe, senador republicano por el Estado de Oklahoma, quien está a cargo del tratamiento de la Ley Anual de Defensa y que se opone a la medida.

El Presidente viene queriendo disminuir el absurdo poder censurador que tienen las redes sociales y las compañías tecnológicas desde que asumió en el cargo en enero del 2017. Sin embargo, se ha encontrado no sólo con la negativa de los demócratas, sino también con la de muchos senadores republicanos moderados o anti-Trump que observan este proceso como algo "perjudicial" para la democracia.

La necesidad de hacer algo para socavar el poder de las redes sociales es cada vez más imperiosa. En los últimos cuatro años y fundamentalmente en los últimos meses, plataformas como Twitter o Facebook han sistemáticamente censurado y suspendido a los votantes de Trump y hasta a su Secretaria de Prensa, Kayleigh McEnany, por supuesto "discurso de odio", un concepto que no existe legalmente en Estados Unidos. 

El ejemplo más claro de esto es cuando Twitter, por orden de su dueño Jack Dorsey, suspendió la cuenta de unos de los diarios más importantes y prestigiosos de los Estados Unidos, el New York Post, luego de que en octubre de este año el medio neoyorquino haya filtrado correos de uno de los hijos de Joe Biden, Hunter Biden, que probaba su participación en un esquema de corrupción internacional con China.

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Por su parte y aunque suene raro, los demócratas también coinciden con Trump en la abolición de la Sección 230, pero por diferentes razones.

Como ya lo expresó el candidato demócrata Joe Biden, los miembros de su partido quieren eliminar las protecciones legales a las plataformas porque consideran que hace falta un "mayor patrullaje al discurso de odio de la derecha" en sus redes. Eliminando la Sección 230 se abriría la puerta a la redacción de una nueva ley que le otorgue un marco legal a la operación de las redes sociales, una ley que los mismos demócratas quieren redactar para darle más poder a las empresas y menos a los usuarios.

En otras palabras, están pidiendo más censura, no menos.

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Por último, Trump también tiene otras razones para vetar la nueva Ley Anual de Defensa, ya que la misma propone renombrar bases militares que se llaman así en memoria de muchos Generales de la Confederación.

Algunas de las bases más prestigiosas de la historia del país fueron establecidas en los tiempos de la Guerra Civil estadounidense, en territorio confederado, y mantuvieron su histórico nombre luego de la guerra, en un plan que tenía Estados Unidos de no generar nuevas divisiones y no violar la cultura de los Estados sureños.

Siglos más tarde, las bases Fort Bragg, Fort Hood, Fort Lee, Fort Hill Camp Beauregard han conseguido instalar esos nombres en la cultura militar del país, incluso en muchos casos sin que nadie sepa quién era Bragg o Lee.

Esta propuesta, liderada por la senadora de ultra-progresista Elizabeth Warren, y avalada por algunos republicanos, impulsa un peligroso camino del país hacia al revisionismo histórico y a la cultura de la cancelación de la historia estadounidense.

Trump, como muchos conservadores, cree que la historia debe respetarse y no borrarse, por más que ofenda a algunas personas. Con todas sus falencias y sus conflictos, gracias a ese pasado, hoy Estados Unidos es el país que es. Tirar abajo estatuas, reescribir los acontecimientos históricos, y borrar los nombres de las figuras más importantes del pasado no debería ser nunca la manera de superar la grieta y crecer como Nación.

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Estados Unidos

Hunter Biden fue declarado culpable por haber comprado armas ilegalmente y podría enfrentar hasta 25 años de prisión

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El hijo del presidente fue encontrado culpable y su libertad queda en manos de la jueza Maryellen Noreika, quien ahora deberá dictar sentencia.

Hunter Biden ha sido declarado culpable de los tres cargos de delitos graves relacionados con la compra de un revólver de manera ilegal en 2018. Según el jurado compuesto por 12 ciudadanos de Delaware, el hijo del presidente estadounidense mintió en un formulario cuando compró un arma de fuego al decir que no consumía drogas ilegalmente ni era adicto a ellas.

Al saber lo que le esperaba, mostró poca sorpresa cuando se leyó el veredicto. Después de la lectura, abrazó a sus dos abogados y sonrió tímidamente. La primera dama, Jill Biden, llegó al tribunal minutos después de que el jurado emitiera su veredicto y no estaba en la sala cuando se leyó.

De esta manera, el hijo del presidente de Estados Unidos podría enfrentar hasta 25 años de prisión, aunque es común que los delincuentes primerizos no reciban la sentencia máxima, y aún no está claro si la juez a cargo del caso, que no ha fijado fecha para la sentencia, lo condenará a prisión.

Los delitos

Durante la investigación del FBI, salió a la luz un documento de la agencia federal de armas (ATF) donde se registra que Hunter Biden, cuya firma aparece en la hoja, mintió en un formulario para comprar un arma de fuego en 2018.

El Formulario 4473 es un documento federal que cualquier persona en Delaware que quiera comprar un arma debe llenar, el cual luego es enviado al FBI y al ATF donde se realiza una verificación de antecedentes penales para determinar si la persona puede acceder al arma o no.

En la foto se puede ver que Hunter Biden miente en la pregunta 11e: respondió “No” a la pregunta “¿Es usted un usuario ilegal o adicto a la marihuana o cualquier depresivo, estimulante, narcótico o cualquier otra sustancia controlada?”.

Es de público conocimiento que Hunter Biden ha luchado contra la adicción a las drogas durante gran parte de su vida adulta, incluso habiendo sido dado de baja de la Marina en 2014 después de dar positivo en una prueba de drogas. 

Esto quedó constatado de manera legal, ya que el hijo del presidente fue detenido por la policía con una pipa de crack en su automóvil en 2017, y un asaltante le apuntó con un arma mientras intentaba comprar cocaína en Los Ángeles en 2016, según registros de la policía.

Además, se sabe por las fotos encontradas en su computadora portátil que Hunter en 2018 todavía era un drogadicto, especialmente adicto a la marihuana y a la cocaína. Es por eso que el fiscal a cargo del caso tuvo suficiente evidencia para demostrar ante un tribunal que el hijo de Biden mintió en el formulario.

La Fiscalía lo imputó a Hunter Biden por dos cargos de declaraciones falsas en sus formularios federales para la adquisición de armas y uno de posesión de un arma de fuego ilegal mientras era adicto a drogas ilícitas.

Cabe aclarar que mentir en un formulario de una agencia federal es un delito grave cuya condena está estipulada en 10 años de prisión y como mínimo una multa de 250.000 dólares, y la posesión ilegal de un arma tras haber mentido en dicho formulario, agrega una condena de 15 años de prisión y otros 400.000 dólares en multas.

El formulario fraudulento se entregó en el Registro de Transacciones de Armas de Fuego de Delaware, según publicó el medio POLITICO, que reveló que Biden compró un revólver .38 el 12 de octubre de 2018.

POLITICO obtuvo copias del registro y aseguró que el Servicio Secreto intervino en su favor para que el permiso para comprar un arma sea otorgado con rapidez. Si bien su padre en ese momento no estaba más en la Casa Blanca, el Servicio Secreto sigue trabajando para la familia presidencial o vicepresidencial hasta 20 años después de que terminen sus funciones.

Según reveló el comerciante Ron Palmieri a POLITICO, agentes del Servicio Secreto se acercaron al dueño de la tienda StarQuest Shooters & Survival Supply, donde Hunter compró el arma, y le pidieron que se hiciera cargo de los trámites relacionados con la venta.

Posesión de un arma ilegal y violencia de género

El tercer cargo que presentó el fiscal Weiss es quizás el más preocupante, ya que la situación no quedó en solamente una compra ilegal de un arma. El 23 de octubre de 2018, tan solo 11 días después de la compra, Hunter tuvo una feroz pelea con su novia de aquél momento, Hallie Biden, la viuda de su difunto hermano, Beau Biden.

Según los reportes policiales, Hunter amenazó o golpeó a Hallie con el arma comprada ilegalmente mientras estaba bajo los efectos de la cocaína. No está claro en los documentos, pero lo que sí está muy claro es que después del extraño incidente, Hallie tomó el arma de Hunter, se subió a un auto, manejó hasta la cercanía de una escuela y la arrojó a un tacho de basura detrás de un restaurante.

Se desconoce qué motivó a Hallie a hacer lo que hizo, pero en el reporte policial dice que llegó a temer por su vida. Sin embargo, también declaró ante la policía que unas horas después recapacitó y quiso ir a buscar el arma, pero ésta ya había desaparecido.

La policía de Delaware comenzó a investigar el hecho, preocupados porque el tacho de basura estaba frente a una escuela secundaria y que el arma desaparecida podría usarse en un delito o en un tiroteo escolar, según se puede ver en una copia del informe policial obtenido por POLITICO.

Sin embargo, la causa se cerró poco tiempo después, bajo la caratula de “no procedente”. Según fuentes policiales consultadas por POLITICO, al no haber un damnificado no se pudo seguir con la investigación.

Es claro que para la familia Biden hay dos mundos: el mundo de la política, donde son extremadamente progresistas y están en contra de la tenencia de armas, pero después hay un mundo privado, que poco a poco va saliendo a la luz, donde todo está permitido y donde el Gobierno trabaja para garantizarles impunidad. Pero esta impunidad parece estar llegando a su fin.

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Estados Unidos

El Colegio de Pediatras de Estados Unidos sonó las alarmas y lanzó una fuerte advertencia contra las cirugías trans en niños

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La organización médica de niños más importante del mundo llamó al cese inmediato de tratamientos "trans" en niños, como la afirmación social, los bloqueadores de pubertad, la hormonización cruzada y las cirugías en menores de edad.

El American College of Pediatricians (ACP), el colegio nacional de pediatras de los Estados Unidos, dio una conferencia este jueves para advertir sobre los peligros de las terapias a las que son sometidos los niños y adolescentes que manifiestan malestar o incomodidad con su sexo biológico.

“Doctores protegiendo niños” es el título que se le dio a la fuerte declaración que firmó la asociación de peditartas más importantes del país, en la que piden por el cese de protocolos perjudiciales como la afirmación social, los bloqueadores de pubertad, la hormonización cruzada y las cirugías en menores que experimentan angustia por su sexo biológico.

En la presentación de la declaración, la doctora Jill Simmons, pediatra y directora ejecutiva de la ACP, leyó el documento e instó a todos los estados del país a prohibir terapias hormonales y cirugías en niños y adolescentes, ya que no hay evidencia científica que respalde que estos tratamientos sean efectivos para resolver cuestiones psicológicas en pacientes con disforia de género.

Por el contrario, no solo no parecería tener una incidencia positiva en la psiquis de los trans ni reduce la altísima tasa de suicidios que existe en esa comunidad, si no que tienen claros efectos nocivos, como menor crecimiento, osteoporosis temprana, esterilidad, entre otros.

Los firmantes del texto hicieron un llamado a las instituciones del sistema de salud estadounidense para que pongan fin a “los actuales protocolos perjudiciales promovidos para niños y adolescentes que expresan malestar con su sexo biológico”, según se lee en la página de la asociación.

Los pediatras y otros profesionales de la salud alegan que “las mejores pruebas e investigaciones sugieren que las cirugías, los bloqueadores de pubertad y las hormonas sexuales cruzadas perjudican gravemente a los niños”, además de que estos tratamientos “no mejoran el bienestar físico o mental de los adolescentes con disforia de género”.

Los pediatras estadounidenses que se suman a estas advertencias contra los tratamientos invasivos en menores trans han creado una página https://doctorsprotectingchildren.org en la cual se puede ver la declaración completa y los firmantes, además de adherirse al llamado.

Cass Report

La preocupación de los pediatras sobre las cirugías irreversibles sobre niños con disforia de género no se limita a los Estados Unidos. En Europa, los profesionales de la salud de varios países del Viejo Continente han hecho un llamado a frenar este tipo de tratamientos en base a un reporte shockeante.

Recientemente, se publicó en Gran Bretaña el Cass Report producto de una investigación independiente que duró 4 años y que demostró que los tratamientos que se estaban aplicando a menores con disforia de género no se basaban en evidencia científica suficiente y eran por lo tanto experimentales.

El informe sugería tratar estos casos con terapia psicológica y evitar las intervenciones invasivas, de efectos secundarios adversos y en muchos casos irreversibles. Como consecuencia de este informe, el gobierno de Inglaterra decidió prohibir en todo el país la administración de bloqueadores de pubertad.

En los países escandinavos, el reporte tuvo un fuerte impacto, y actualmente Suecia, Noruega y Finlandia están revisando los protocolos y se está sugiriendo a los profesionales priorizar el tratamiento psicológico de los menores que manifiestan incomodidad con su sexo biológico, en vez de mandarlos al quirófano.

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Estados Unidos

Biden otorgó silenciosamente amnistía a más de 350.000 inmigrantes ilegales en los últimos 4 años de gobierno

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La administración demócrata normalizó la situación de casi medio millón de inmigrantes ilegales, borrando de su historial su ingreso delictivo al país y permitiendo que se queden como ciudadanos.

Desde el año 2022, la administración demócrata liderada por Joe Biden ha estado ofreciendo amnistía a más de 350.000 inmigrantes ilegales que estaban atravesando procesos de petición de asilo, con el objetivo de calmar la brutal crisis que vive la frontera sur de los Estados Unidos.

La Casa Blanca reveló la información como una medida para descomprimir el conflicto fronterizo, asegurando que la amnistía va a permitir normalizar la situación de muchos inmigrantes que viven en la ilegalidad, lo cual roza lo delirante.

De esta manera, Biden canceló todas las causas por asilo a aquellos inmigrantes que no posean antecedentes peligrosos, lo cual les permitirá mantenerse en los Estados Unidos sin posibilidad de deportación.

La medida que Biden ejecutó a lo largo de estos años, de manera silenciosa, busca disminuir en los números la cantidad de personas registrados como refugiados y desinflar las estadísticas de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos.

Mientras miles de casos de inmigrantes ilegales cometiendo delitos se reportan a diario en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha perfeccionado un esquema legal en el cual se borra de su historial delictivo el ingreso ilegal al país en las causas relacionadas a indocumentados.

Por más confuso que el término "borrado" pueda llegar a ser, es exactamente eso lo que la administración demócrata ha realizado desde el año 2022, ya que una vez arreglado el caso, aquellos solicitantes del asilo no se les concede el status de aceptado ni de denegado, sino que sus casos se dan por terminados y son eliminados del sistema legal. Esto permite a inmigrantes ilegales quedarse indefinidamente dentro de territorio estadounidense sin siquiera tener que contactar a las autoridades y sin poseer riesgos de deportación.

Los primeros casos de la amnistía masiva a inmigrantes ilegales comenzó en el año 2022, cuando Kerry Doyle, asesora en jefe de la policía fronteriza, por ordenes de Biden, emitió un documento en el cual permitía la disolución de todos los casos contra inmigrantes que no hubieran sido calificados como amenazas para la seguridad nacional en ese entonces.

En el mismo año que el memorandum fue efectivizado, alrededor de 32.000 inmigrantes consiguieron asilo de forma inmediata, mientras que alrededor de 103.000 inmigrantes ilegales recibieron la "amnistía de Biden" desapareciendo de los archivos migratorios.

El 2023 fue el año en el cual la laxitud de Biden se observó con más fuerza, habiendo permitido que 150.000 inmigrantes sean removidos del sistema migratorio. En el corriente año, en tan solo 6 meses, ya han recibido la amnistía alrededor de 115.000 ilegales.

Esta suba en la inmigración ilegal está provocando un brutal incremento del delito de manera exponencial en el país, particularmente en las grandes ciudades donde los índices de criminalidad han alcanzado niveles exorbitantes.

Uno de los casos más recientes sucedió en Nueva York donde un inmigrante de origen venezolano disparó contra dos oficiales de policía, cuando intentaron frenar su scooter.

De acuerdo al periódico The New York Post desde la asunción de Biden al poder, el 77% de los inmigrantes que solicitó el asilo en los Estados Unidos han obtenido el beneficio de la "Amnistía Biden", los cuales consiguen una libertad de acción total dentro del país una vez que su caso se da por terminado, evitando totalmente el riesgo de deportación y a su vez el servicio de la policía fronteriza tampoco mantiene el derecho de hacer un seguimiento de los mismos en el país.

Con el gran flujo de inmigrantes que tienen la posibilidad de mantenerse en el país, proporcionalmente disminuyeron las cantidades de aquellos que han sido expulsados del territorio estadounidense, marcando las tasas de permanencia indiscriminada más altas en la historia reciente de los Estados Unidos y generando grandes preocupaciones en los organismos de control fronterizo.

Quizá la mayor preocupación del organismo de control policial migratorio estadounidense (ICE) es la facilidad que tienen aquellos que hayan recibido la Amnistía Biden para evadir los procesos legales, ya que si alguno de estos inmigrante que ya no son controlados por ningún organismo comete un crimen, se debe iniciar un proceso legal desde cero y las posibilidades de que esa persona sea deportada siguen siendo casi nulas.

A su vez, también es preocupante la calidad de inmigrantes a quienes se les otorga la amnistía en sus casos de asilo, ya que la mayoría suelen ser de origen latino (provenientes de México, Guatemala, Colombia y Venezuela) o de origen islámico, siendo estos dos grupos de inmigrantes ilegales los que más crímenes cometen en suelo americano.

No solo la discriminación de la administración Biden posibilita que la calidad de inmigrantes que buscan asilo disminuya, sino que ha posibilitado que familias de inmigrantes que buscan una mejor vida y solicitan el asilo con una justa causa sean deportados, como lo es el caso de una familia alemana que vivió más de 15 años en el estado de Tennessee y en su búsqueda de asilo para educar a sus hijos fueron deportados por la administración Biden.

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