Los principales asesores económicos del expresidente Trump están preparando un programa para garantizar y profundizar todos los recortes impositivos de la reforma de 2017, eliminar cientos de regulaciones y desarmar la burocracia del “Estado profundo”.

El expresidente Donald Trump se lanza a la contienda electoral con un programa económico incluso más ambicioso en comparación al que llevó a cabo en 2017. Se rodeó con un núcleo de expertos y economistas de tendencia conservadora, entre ellos Arthur Laffer, Grover Norquist y la Heritage Foundation.

Uno de los principales objetivos de una eventual nueva administración del Partido Republicano bajo el liderazgo de Trump será la preservación de la reforma tributaria sancionada en 2017, cuyas principales disposiciones dejarán de tener vigencia a partir del año fiscal 2025 si no se realizan nuevos cambios.

El equipo económico de Trump estudia volver a rebajar la tasa impositiva sobre las utilidades no distribuídas de sociedades, esta vez pasando del 21% al 15%. De hecho, el umbral del 15% fue la meta original en el programa impositivo de 2017, pero debió dejarse a un lado debido a las negociaciones dentro de la Cámara de Representantes y el Senado.

El programa contempla la eliminación de una serie de deducciones discrecionales y otras exenciones dispuestas en la llamada “Ley de Reducción de la inflación” aprobada por el presidente Joe Biden a mediados del 2022. Se eliminarán los subsidios otorgados para ciertos bienes y servicios, muchos de los cuales se caracterizaron por tener un sesgo anticompetitivo y provocaron malestar en los socios comerciales de Europa.

Esta medida promete afianzar cómodamente la competitividad fiscal de Estados Unidos, sobre todo con respecto a otras economías dinámicas como China e India. Se propone que los cambios adopten un carácter permanente, con lo cual las empresas podrían asumir las reglas de juego para el largo plazo y desarrollar su inversión en base a eso. Se busca dar un fuerte impulso a las políticas “del lado de la oferta” en contraposición con los estímulos a la demanda que favorecen los demócratas.

El equipo de la Heritage Foundation, una organización conservadora ampliamente dedicada al estudio de la libertad económica, prepara un programa para desregular masivamente la economía en una nueva presidencia de Donald Trump. 

El llamado “Proyecto 2025” propone el recorte de cientos de regulaciones sobre lo que se dio a conocer como el “Estado profundo”, y proceder con el despido inmediato de hasta 50.000 burócratas en Washington. No solo se busca dar marcha atrás con la mayor parte de las resoluciones de Biden, también se propone afianzar la libertad operativa en el sistema bancario, el sistema energético y los servicios públicos.

La política comercial de Estados Unidos también experimentaría un nuevo giro en un eventual regreso de Trump al poder. Se estudia la posibilidad de aplicar aranceles ad-valorem del 10% sobre una gran cantidad de bienes en represalia por las políticas proteccionistas que adoptaron India y Brasil en los últimos años.

La confrontación dejará de ser bilateral con China, y se extenderá a otros jugadores internacionales que se valieron de prácticas comerciales desleales y de discriminación hacia los productos estadounidenses.

El héroe de guerra fue expulsado de un asilo de ancianos para dar paso a viviendas para inmigrantes de México, contó el hombre en una conferencia de prensa organizada por diputados republicanos.

Un veterano de 95 años, Frank Tammaro, condecorado por su servicio en la Guerra de Corea, contó este miércoles en una conferencia de prensa que organizó la diputada republicana Nicole Malliotakis que a su avanzada edad fue “tirado en la calle” luego de el gobierno federal de Joe Biden expropiara el geriátrico donde estaba viviendo hace casi 20 años para convertirlo en un refugio de inmigrantes ilegales.

Según relató entre lágrimas, desde el gobierno le dieron menos de dos meses de aviso para encontrar un nuevo hogar, lo cual no pudo conseguir y debió mudarse a la casa de su hija.

“Lo que me molesta es cómo lo hicieron, fue muy vergonzoso lo que le hicieron a la gente en Island Shores“, dijo Tammaro, refiriéndose al centro para ancianos en el que se encontraba.

Dijo que Island Shores “nos dio tiempo para salir“, pero no suficiente para encontrar otro geriátrico. “De un día para el otro apareció un aviso en el tablero de entrada. Creo que eso nos dio un mes y medio para encontrar otro lugar a dónde ir“, dijo.

“Si no fuera por mi hija, habría quedado en la calle. Eso fue todo. Dije: ‘No, no, no, no, no me vas a mover’, y ellos dijeron: ‘Sí, Sí, sí lo haremos.’ Todo se hizo a puerta cerrada; no tuvimos oportunidad de intentar detenerlos porque no había suficiente tiempo“, explicó.

El mes pasado, el geriátrico de Staten Island, Island Shores, llegó a un acuerdo poco transparente con el gobierno de la Ciudad de Nueva York, y la Casa Blanca, para vender las estructuras edilicias al Estado, el cual le dará la concesión para disponer del lugar a la organización Homes for the Homeless, que pretende instalar un centro de acogida de inmigrantes ilegales.

“Mi presión arterial se disparó cuando descubrí que Homes for the Homeless llegó a un acuerdo con la ciudad de Nueva York para convertir Island Shores en un refugio para inmigrantes“, dijo el hombre.

“El dinero de nuestros impuestos como ciudadanos de Nueva York no debe utilizarse para albergar a ciudadanos de otros países, especialmente a expensas de nuestros ciudadanos mayores y veteranos que arriesgaron sus vidas, pagaron impuestos toda su vida y construyeron nuestras comunidades“, mencionó la legisladora sobre lo ocurrido.

Cientos de miles de inmigrantes indocumentados han llegado a la ciudad de Nueva York durante el último año, generando una crisis habitacional que llevó al alcalde a pedirle ayuda al Gobierno federal en Washington D.C.

La respuesta de la Casa Blanca fue conseguir por la fuerza más espacio de vivienda, a razón de estatizar geriátricos, centros de salud y hoteles para acomodar al aluvión de inmigrantes que ha llegado a la ciudad desde el triunfo de Biden.

El proyecto de los demócratas consta de cuatro puntos para reformar el sistema, entre los cuales se propone incrementar la tasa de seguridad social para usuarios con ingresos medios y altos.

El presidente Biden presentó una propuesta para reformar parcialmente algunos parámetros del sistema previsional de Estados Unidos, a pesar de que el proyecto muy difícilmente pueda aprobarse debido a la oposición frontal del Partido Republicano. 

El borrador es ambiguo, consta de cuatro puntos entre los que se combinan aumentos en las erogaciones programadas para los próximos años y mayores impuestos sobre los ingresos medios y altos. No existe una determinación clara sobre el impacto que podría tener la reforma en las finanzas públicas, por lo que no apunta a garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo.

Si no se producen cambios de mayor envergadura para los próximos 10 años, el sistema podría verse en la necesidad de efectuar recortes efectos para los haberes de los futuros jubilados y pensionados.

Los cuatro puntos de la reforma de Biden

Impuestazo para los ingresos por encima de los $400.000 anuales

Actualmente la tasa para la seguridad social en Estados Unidos se mantiene en el 7,65% para los empleadores y otro 7,65% como aportes personales de los trabajadores. Esto afecta a los ingresos hasta un determinado monto que se ajusta por inflación, el último correspondiente al año fiscal 2023 llegó a los US$ 160.200.

Los ingresos por encima de ese umbral no pagan la llamada “porción del Seguro Social” (OASDI) porque ya se encuentra automáticamente absorbido por el propio impuesto sobre la renta. 

Biden propone modificar este esquema, y comenzar a aplicar un recargo impositivo adicional para los ingresos igual o superiores a US$ 400.000 anuales (afectaría a la clase media, media alta y alta). Con este movimiento pretende incrementar drásticamente los recursos ingresados al sistema, pero a costa de diezmar los incentivos para el crecimiento de la oferta laboral y el crecimiento de la economía.

Modificación del cómputo para el índice de costo de vida

Los haberes previsionales en Estados Unidos se ajustan anualmente por un índice compuesto del costo de vida, que pondera el IPC con la evolución de los salarios. La administración Biden propone articular un nuevo indicador que tenga en cuenta una mayor variabilidad de bienes en la canasta de referencia.

El impacto neto de esta modificación será una mayor cantidad de recursos desembolsados para el sistema, en lugar de permitir que los ingresos adicionales se destinen a compensar el envejecimiento poblacional esperado para las próximas décadas.

Aumento del monto del seguro primario

Se propone aumentar el Monto del Seguro Primario (PIA por sus siglas en inglés) de 78 a 82 años, un parámetro que se utiliza para calcular la cuantía de beneficios que finalmente recibirá el jubilado o pensionado en cuestión. Nuevamente, el objetivo es desembolsar más recursos de los que estaban programados para revalorizar las pensiones, en contra de la sostenibilidad del sistema.

Aumento del beneficio mínimo para afiliados a la seguridad social con salarios bajos

El cuarto punto de la reforma propone, otra vez, aumentar los gastos fiscales del Estado federal en los próximos años. Se propone una revalorización del 125% sobre el beneficio mínimo que otorga el Gobierno federal para los afiliados con ingresos bajos.

Se trata de una suma de dinero indexada por la inflación en cada período fiscal, y que se aplica sobre un determinado umbral de ingresos sin importar los aportes realizados por cada individuo, o los años acumulados de aportes.