Esta semana la Corte Suprema desestimó una demanda que buscaba anular la derogación de la Ley de Tierras Rurales, ratificando la vigencia del DNU 70/2023 en esta materia. Por lo tanto, en este momento no existen límites reales a la compra de tierras privadas por parte de extranjeros.
Como era de esperarse, la oposición kirchnerista y sus aliados no tardaron en hacerse eco de la noticia, como siempre con algunos ingredientes extra. El verso es más o menos así: la Justicia, quizás con ayuda de Peter Thiel o algún magnate anónimo de la ultraderecha internacional, sobornó a los jueces para que Milei pueda llevar a cabo su plan de “entregar la tierra”. El país quedó abierto a que, por ejemplo, venga un extranjero y “compre una provincia”. Como siempre, el kirchnerismo elevando la vara de la discusión pública.
Sobra decir que esto es simplemente absurdo. De ninguna manera comprar un terreno privado, siendo argentino o extranjero, implica una transferencia de soberanía. Es como pensar que cualquier individuo tiene la facultad de fundar su propio estado por el mero hecho de ser propietario. Por las dudas aclaramos: la ley argentina rige en todo el territorio nacional, público o privado, aunque habría que ver cuántos en la coalición opositora no apoyan, por ejemplo, una verdadera entrega de la soberanía como el separatismo mapuche.
El debate sobre los límites a la propiedad extranjera
La cuestión de la compra de tierras por parte de extranjeros ya fue discutida dentro del proyecto de Ley de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa del Poder Ejecutivo en ese momento implicaba elevar el tope de 15% establecido por la Ley Nacional N° 26.737 a un 25%; es decir, el mismo que el de Brasil. Algo conservador teniendo en cuenta que la mayoría de los países desarrollados carece de restricción alguna exceptuando en algunos casos zonas de frontera o próximas a bases militares.
