Durante años, la Argentina discutió cómo administrar la escasez. La conversación pública giraba alrededor de subsidios, controles, restricciones y nuevas regulaciones para intentar sostener un modelo que, lejos de generar riqueza, terminaba expulsando empresas, frenando inversiones y empujando a millones de personas hacia la dependencia del Estado.
Mientras otros países competían por atraer capital, talento y tecnología, la Argentina parecía obsesionada con castigar al que producía. El empresario era sospechoso. El inversor era visto como alguien que venía a “llevarse todo”. Y ganar dinero parecía casi una culpa moral antes que una señal de creación de valor.
Ese clima no solo destruyó confianza. También destruyó futuro.
Por eso el anuncio realizado esta semana por el presidente Javier Milei sobre el envío al Congreso de un “Súper RIGI” representa mucho más que una medida económica. Es una señal política e institucional. Una forma de decirle al mundo que la Argentina quiere volver a ser un país donde invertir tenga sentido.
La iniciativa buscaría profundizar el esquema del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones con beneficios todavía más agresivos para proyectos estratégicos vinculados a energía, minería y tecnología. Y el contexto del anuncio no es menor. Se produjo junto con la confirmación de un nuevo proyecto de Chevron por USD 10.000 millones.
No se trata solamente de números gigantescos. Lo importante es lo que esos movimientos revelan.
Las inversiones no aparecen porque sí. Nadie compromete miles de millones de dólares en un país donde cree que le van a cambiar las reglas cada seis meses, bloquear importaciones, congelar precios o inventar nuevos impuestos para cubrir déficits eternos. El capital puede ir prácticamente a cualquier parte del mundo. Y cuando elige un destino, lo hace porque percibe estabilidad, previsibilidad y oportunidades de crecimiento.
Durante demasiado tiempo, la Argentina quedó afuera de esa competencia global.
La lógica dominante era exactamente la inversa. En vez de preguntarse cómo atraer inversiones, se discutía cómo repartir lo poco que quedaba. En vez de facilitar la producción, se multiplicaban trámites y controles. En vez de abrir sectores estratégicos, se construían barreras políticas e ideológicas.
El resultado fue conocido: estancamiento, inflación crónica, salarios destruidos y fuga constante de empresas y talento.








