En 1790, el tratado de San Lorenzo de El Escorial comprometió a Gran Bretaña a no establecer nuevos asentamientos en costas e islas ya ocupadas por España.
El tercer tramo es la sucesión estatal argentina. Conforme al uti possidetis juris de 1810, las Provincias Unidas heredaron esos territorios. Sin embargo, en 1820 David Jewett tomó posesión pública en Puerto Soledad; en 1825 el Reino Unido firmó con la Argentina el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación sin formular reserva sobre Malvinas; en 1829 Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar, y en 1833 una corbeta británica expulsó por la fuerza a las autoridades argentinas.
Las imágenes adjuntas complementan ese derrotero con el oficio de Cornelio Saavedra de 1810, el permiso de 1813 al capitán Henry Jones, la carta de San Martín de 1816, el nombramiento de Jewett, las cartas de Pacheco y Arguetí, el decreto de 1829 y la lista de tropa, familias y peones embarcados tras la usurpación de enero de 1833.
¿Qué es lo que reclama la Argentina?
La Argentina reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La Cancillería define a la “Cuestión de las Islas Malvinas” como una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, en particular desde la resolución 2065 de 1965, y recuerda que más de 40 resoluciones de la Asamblea General y del Comité de Descolonización reiteraron el llamado al diálogo bilateral.
El núcleo del reclamo, por lo tanto, no es simbólico: es la restitución del ejercicio pleno de soberanía y la reapertura de negociaciones con el Reino Unido para una solución pacífica y definitiva.
No obstante, la posición argentina distingue entre los intereses de los habitantes de las islas y el principio de libre determinación. La Cancillería subraya que la resolución 2065 habla de "intereses" y no de "deseos", lo que excluye trasladar automáticamente al caso un criterio plebiscitario.
