Desde hace algunas semanas, el Presidente Javier Milei ha puesto sobre la mesa un problema cuya resolución resulta crucial para devolverle a la Argentina no sólo un grado de normalidad, sino ponerla nuevamente en el sendero de grandeza del que alguna vez supo desviarse, capturada por una clase política intervencionista. Me refiero a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
En su más reciente alocución pública, durante la vigilia por el 210° aniversario de nuestra independencia, el Presidente remarcó la urgencia de que “[la] principal función [del BCRA] vuelva a ser la de preservar el valor de la moneda en lugar de financiar los proyectos del político de turno”, terminando con “91 años de estafas de la política a los argentinos de bien.”
Detengámonos en esta idea que, aunque pueda parecer trivial, reviste graves implicancias.
Si bien el Banco Central de la República Argentina fue creado en 1935 mediante la sanción de la Ley 12.155, la base de su marco normativo actual no llegó hasta 1992, con la Ley 24.144. En su artículo 3°, esta Carta Orgánica establecía claramente que: “Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda.”
A su vez, afirmaba que “en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.”
Ahora bien, estas normas van diametralmente en contra de los intereses de la política tradicional, al restringir severamente su margen de maniobra. De hecho, esa era precisamente la idea. Vale recordar que en ese entonces estaba fresca en la memoria de los argentinos la hiperinflación de 1989, que había alcanzado picos de 3000% anual y provocó la entrega anticipada del mandato del Presidente Raúl Alfonsín.
Como ya sabemos que la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario, no sorprende enterarnos de que la principal causa de la catástrofe fue la violación de la independencia del Banco Central, forzado por el Poder Ejecutivo a emitir dinero para financiar el déficit fiscal. Por ese motivo, para brindar cierta credibilidad a su Plan de Convertibilidad, el gobierno de Carlos Menem necesitaba romper el vínculo nocivo entre el Banco Central y el Tesoro. El resultado fue una década de inflación prácticamente nula.
Tiempo después, tras la crisis de 2001, y gracias al nuevo giro de la clase política latinoamericana hacia el infame Socialismo del Siglo XXI, el Estado volvió a entrar en una fase expansiva. Se estatizaron empresas privadas, se multiplicaron los planes sociales y las medidas populistas llegaron a su punto más alto, como fue el caso de Fútbol para Todos. El kirchnerismo aprovechó la contingencia de la dramática renuncia de De la Rúa y el colapso de la convertibilidad – efectivamente el desacople del peso y el dólar – para subordinar la política monetaria a su propio proyecto de poder.
Así fue que, a medida que la aventura kirchnerista avanzaba y se corrían los límites del despilfarro, se volvía a la vieja práctica de vulnerar la independencia del Banco Central y financiar el déficit fiscal mediante la emisión, asegurando un paulatino pero seguro retorno del impuesto inflacionario.
Corresponde destacar que desde 1935 la financiación de la política mediante la emisión monetaria se llevaba a cabo de manera más o menos encubierta, como quien sabe que está haciendo algo réprobo. Sin embargo, el kirchnerismo introdujo el novedoso elemento de institucionalizar la estafa mediante la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central promulgada en 2012.
El nuevo artículo 3°, hoy vigente y exhibido en un cartel en la entrada del edificio ubicado en calle Reconquista 266, dicta: “El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.”
De esta manera, la independencia del Banco Central fue reemplazada por una subordinación a lineamientos gubernamentales, debiendo además obedecer la irrisoria cantidad de cinco objetivos, varios de ellos con un altísimo grado de discrecionalidad y potencial contradicción1. Todo ello formulado, por supuesto, en un lenguaje de sensibilidad social. Nada más conveniente para el gobierno de una Cristina Fernández de Kirchner dispuesta a ir “por todo”.
Mercedes Marcó del Pont, presidente de la entidad entre 2010 y 2013, justificó la reforma en un programa de radio en 2012 asegurando que “con la aprobación de la Carta Orgánica, el sector público nacional recupera mayor capacidad para hacer políticas públicas y de regulación que sean funcionales al proyecto de desarrollo que hoy está vigente en nuestro país".
A juzgar por cómo terminó ese proyecto, con un 211% de inflación en 2023, con el país al borde de una nueva hiperinflación y de la peor crisis de su historia, estas declaraciones parecen más bien la confesión de un crimen. La líder del movimiento, emblemáticamente, se encuentra actualmente cumpliendo condena bajo arresto domiciliario.
Argentina está saliendo de un régimen en el que la política se dedicó a defraudar sistemáticamente al argentino de bien financiando el descalabro de las cuentas públicas mediante diferentes artilugios como el endeudamiento, los impuestos asfixiantes o la impresión de billetes. Ha sido tal el arraigo del estatismo en nuestras instituciones que, hasta la irrupción del Presidente Milei, la mayoría de nosotros había normalizado sus incontables abusos.
Finalmente, los argentinos dijeron basta, y votaron por un cambio contundente y duradero. Hoy, tras más de 16 mil desregulaciones, múltiples proyectos de ley aprobados, y tantas otras transformaciones en carpeta, seguimos trabajando entre todos para reparar el daño causado por la fatal arrogancia de los dirigentes. En ese marco, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca, por un lado, restituir la preservación del valor de nuestra moneda como propósito principal del organismo; y por el otro, prohibir la financiación del fisco mediante emisión.
Los argentinos merecemos volver a vivir en un país que respete la vida, la libertad y la propiedad privada. Hacer de la República Argentina el país más libre del mundo constituye hoy una prioridad para un gobierno y un Presidente que, por primera vez en un siglo, anteponen la moral a la utilidad política.
1 La pregunta se hace sola: ¿qué debe hacer este Banco Central en caso de que la “creación de empleo y desarrollo con equidad social” atente contra la estabilidad monetaria y financiera? El prontuario kirchnerista ya nos ha dado la respuesta.
