En 1965, cuando la Guerra Fría vivía sus momentos más intensos, una minúscula isla al sur de la península malaya declaraba su independencia. Tras más de un siglo como colonia británica, y tras haber sufrido la brutal ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, daba sus primeros pasos soberanos la República de Singapur. Comenzaba así uno de los casos de éxito más significativos del siglo XX. Un caso al que, a propósito de la media sanción del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, vale la pena prestar atención.
Según datos oficiales, en poco más de sesenta años el PIB per cápita de Singapur pasó de $1.300 a $141.000 dólares, el segundo más alto del mundo. La expectativa de vida subió de 67 a 84 años. Actualmente el nivel de desempleo es casi inexistente, y el 90% de sus residentes son propietarios. Singapur hoy ocupa el puesto 9 del mundo en el Índice de Desarrollo Humano, con un puntaje de 0,949[1]. En resumen, números que cuestan dimensionar en un país como el nuestro, que con mucho sacrificio está saliendo de una larga decadencia.
La pregunta surge inevitablemente: ¿Cómo hizo esta nación de apenas 640 kilómetros cuadrados, sin recursos naturales y rodeada de naciones notablemente más poderosas, para lograr semejante proeza? La respuesta tiene nombre y apellido: Lee Kuan Yew.
En 1959, a sus 35 años, se convirtió en el primer Primer Ministro de Singapur, cuando el Imperio le otorgó a la isla un mayor grado de autonomía, como paso previo a la emancipación. No tardó en poner manos a la obra, sabiendo que heredaba el control de una nación hundida en la pobreza y que los británicos pensaban marcharse y dejarlos librados a su suerte en un mundo hostil.
En 1960, creó la Junta de Vivienda y Desarrollo, con el fin de reemplazar por edificios de departamentos las millones de viviendas precarias que formaban los barrios bajos de la ciudad portuaria. Esto fue complementado poco después por una medida clave que permitió a los trabajadores usar sus ahorros acumulados del Fondo de Previsión Central (un seguro de retiro obligatorio establecido previamente por las autoridades coloniales) para entregar el 20% del pago inicial de una vivienda, y pagar el préstamo hipotecario por el saldo restante mediante cuotas mensuales durante 20 años.
Vale destacar que, a diferencia de sistemas previsionales como el argentino, donde los trabajadores activos actuales pagan las jubilaciones de los trabajadores retirados, el FPC consiste en una cuenta individual compuesta por aportes tanto del empleado como del empleador. Es decir, cada trabajador en sus años laborales va acumulando capital que va generando intereses a lo largo de los años, hasta el momento de jubilarse y poder disponer de lo acumulado. Esto tiene el objetivo de “evitar trasladar la carga de los costos del bienestar de la generación actual a la próxima generación”, tal cual expresó el mandatario en su autobiografía[2].
Otro de sus aciertos fue la creación de la Junta de Desarrollo Económico en 1961, dedicada a la atracción de inversión extranjera directa concentrada en sectores específicos como desguace y reparación de buques, ingeniería metalúrgica, productos químicos y equipos y aparatos eléctricos. Ofrecían, entre otras cosas, exenciones impositivas y mínima burocracia. Sus agentes trabajaban incansablemente, como si la supervivencia de la nación dependiera de ellos, poniéndose en contacto con empresas de todo el mundo para convencerlas de apostar por Singapur. Algo comparable al objetivo del RIGI del presidente Milei, que busca potenciar inversiones en sectores vitales para la infraestructura y el balance cambiario de nuestro país.
A veces, eran necesarios cuarenta o cincuenta llamados para concertar una visita. Una vez que un potencial inversor aterrizaba, el gobierno hacía todo lo posible por causar una buena primera impresión, al punto de “asegurarse de que los caminos desde el aeropuerto hasta su hotel y hasta mi oficina estuvieran limpios y bien cuidados, bordeados de arbustos y árboles”, según el propio LKY. De esta manera, y sin decir una palabra, los enviados extranjeros sabrían que los singapurenses eran competentes, disciplinados y confiables.
Por otra parte, no existe desarrollo y estabilidad sin el pleno imperio de la ley. En este aspecto, Singapur adoptó inmediatamente una postura pragmática pero contundente a la hora de combatir el crimen, partiendo de un fuerte escepticismo respecto a la teoría, tan popularizada en este hemisferio, de que el delincuente es una víctima de la sociedad.
Sus disposiciones, que incluyen la pena de muerte para narcotraficantes y castigos corporales a base de bastonazos (caning) para ciertos delitos, no han estado libres de controversias. Su metodología de “mano dura” ha provocado la protesta de numerosos organismos internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, a los que LKY siempre ha respondido con firmeza: “sólo me preocupa cómo me juzguen las personas a las que he gobernado.”
A todo esto se le suma un entendimiento elemental del rol que cumple el capital humano para el desarrollo de un país. Singapur no tenía petróleo, tierras fértiles ni minerales. LKY lo entendió rápido: el único activo era su gente, y gracias a ese entendimiento tomó una decisión polémica: imponer el inglés como lengua de trabajo por sobre el mandarín, el malayo y el tamil, porque entendió que conectarse al mundo era más importante que la identidad lingüística. La inversión en educación fue masiva y se implementó un sistema meritocrático que filtraba y potenciaba el talento sin importar su origen étnico o clase social. Hoy Singapur lidera los rankings internacionales de educación.
