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Un hombre con abrigo oscuro estrecha la mano de un oficial de policía uniformado mientras otros oficiales observan en un entorno al aire libre.
OPINIÓN

Grave: récord de suicidios en la Policía Bonaerense de Kicillof

Los valores y las prioridades en la provincia de Buenos Aires están completamente dados vuelta.

Cuidar a quienes nos cuidan constituye el punto más básico de una estrategia de seguridad: ¿qué podemos esperar los ciudadanos “comunes” si quienes están encargados de protegernos no cuentan con los requisitos mínimos para tener una vida digna y llevar a cabo sus tareas? Pareciera ser una obviedad, pero aparentemente para el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, único responsable de la Policía Bonaerense, no lo es.

Las condiciones deplorables en las que trabajan los oficiales de la provincia más poblada del país han llevado a una verdadera ola de suicidios dentro de la fuerza. El promedio anual era de 29 casos al año, pero en lo que va del 2024 ya son 37 los policías de la Bonaerense que se quitaron la vida.

Los suicidios son la principal causa de muerte entre los policías bonaerenses. Se trata de una problemática que afecta a todas las localidades de la Provincia y a oficiales de todas las edades, aunque tiene mayor incidencia entre los oficiales jóvenes.

No hay que olvidar, una vez más, que la Policía depende exclusivamente del gobierno provincial. Los municipios pueden tener una pequeña incidencia con la compra de móviles o cámaras de seguridad, pero es la Provincia la que debe garantizar que la fuerza cuente con el acompañamiento y los recursos necesarios para cuidar a los ciudadanos.

Cabe recordar, además, que la estadística oficial solo contempla los casos entre el personal efectivo, por lo tanto, no contabiliza los suicidios entre policías retirados que, lamentablemente, también ocurren con frecuencia.

Estamos en condiciones de afirmar que el estado deplorable en el que se ven obligados a trabajar los oficiales de la Policía Bonaerense es una política de Estado. Existe una cuestión ideológica detrás del Gobierno de la provincia de Buenos Aires que tiene el objetivo de debilitar a las fuerzas de seguridad y fortalecer al delincuente.

No hay otra forma de explicar que un oficial recién ingresado a la fuerza bonaerense gane alrededor de $700.000, lo que genera que muchos policías deban sumar un segundo trabajo, como ser chofer de una aplicación de movilidad o vender ropa por internet; o que tengan que reponer ellos mismos las balas que usan; o comprar su gorra si la pierden durante un operativo;  o recurrir a un mecánico amigo para que les arregle los móviles y así evitar que queden abandonados cuando se rompen.

Esta situación se suma a la escalada de violencia e inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires y a la complicidad de la Justicia y la clase política con los delincuentes, que entran por una puerta y salen por la otra.

Todos los vecinos estamos en riesgo ante esta situación, pero más aún los policías, que son quienes deben cuidarnos y están más desprotegidos que nunca. No es casualidad que 13 de los últimos 14 asesinatos de policías de la Ciudad hayan sucedido en la Provincia. Los matan cuando entran o salen de su casa.

Los valores y las prioridades en la provincia de Buenos Aires están completamente dados vuelta. La ciudadanía ya es consciente de las lamentables condiciones que enfrentan los oficiales de la Policía Bonaerense.  Si queremos caminar tranquilos por la calle no debemos exigirles más a ellos; es a las autoridades provinciales a quienes hay que hablarles.

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