Por José Salas, abogado e investigador de la Fundación Federalismo y Libertad.
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con sede en Montreal, es una agencia especializada de Naciones Unidas creada en 1944 tras la firma del Convenio de Chicago. Su tarea principal consiste en fijar normas comunes que permitan que la aviación civil internacional sea segura, eficiente y ordenada. Cada tres años, sus 193 Estados miembros se reúnen en Asamblea para debatir nuevas reglas, coordinar estrategias y reafirmar compromisos de cooperación. Este año, la 42ª Asamblea se desarrolla entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre en Canadá, bajo el lema “Cielos seguros, futuro sostenible”.
En este foro global, sin embargo, una ausencia significativa vuelve a repetirse: Taiwán no está invitado a la mesa. Aunque la isla gestiona una de las zonas más concurridas del tráfico aéreo internacional, no es miembro de la OACI porque el organismo, en tanto agencia de la ONU, se adhiere a la doctrina de “una sola China”, reconocida por la Asamblea General desde 1971. En virtud de esta política, el asiento correspondiente al Estado chino en Naciones Unidas y en todos sus organismos especializados está ocupado por la República Popular, lo que deja a Taiwán sin representación formal.
El caso de Taiwán resulta particular. La Región de Información de Vuelo de Taipéi (Taipei FIR, por sus siglas en inglés, Flight Information Region) forma parte de la red global de más de 300 FIR bajo coordinación de la OACI. Estas regiones constituyen espacios aéreos que requieren supervisión constante para guiar vuelos comerciales y garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones. En el caso de Taiwán, esa responsabilidad recae en la Administración de Aviación Civil (CAA, Civil Aeronautics Administration), que cada día coordina el tránsito de miles de vuelos internacionales que conectan Asia con América, Europa y Oceanía.
En términos técnicos, la CAA se ajusta a los estándares internacionales fijados por la OACI. Ha puesto en marcha programas de seguridad operacional como el State Safety Program (SSP) y ha adoptado las Normas y Métodos Recomendados (SARPs) que utilizan los países miembros. Entre 2020 y 2024, la tasa de accidentes de aeronaves comerciales en Taiwán fue de cero, un desempeño que pocos países pueden igualar. Aerolíneas como EVA Air han sido reconocidas entre las más seguras del mundo. Además, Taiwán ha asumido compromisos ambientales avanzados: incorporó el esquema de compensación de carbono para la aviación internacional (CORSIA) en su legislación nacional y lanzó programas piloto de combustibles sostenibles en 2025.
Paradójicamente, aunque Taiwán aplica los estándares de la OACI, no puede participar en igualdad de condiciones en sus discusiones técnicas. El problema trasciende lo simbólico. En los últimos años, la República Popular ha llevado a cabo maniobras militares dentro de la FIR de Taipéi (Flight Information Region) sin dar la debida antelación en los avisos correspondientes, lo que ha generado riesgos concretos para la navegación aérea regional. La ausencia de Taiwán en los canales de coordinación impide que su autoridad aeronáutica comparta información en tiempo real con otros organismos, aumentando la vulnerabilidad en uno de los espacios aéreos más transitados del planeta.
Si la OACI sostiene el principio de que “ningún país se queda atrás”, mantener a Taiwán fuera de su estructura es una contradicción evidente. La seguridad aérea no debería depender de disputas políticas, sino de criterios técnicos. Permitir que Taiwán participe como observador y comparta información en tiempo real no solo fortalecería la gestión de rutas en el corredor Asia-Pacífico, sino que aportaría un beneficio directo a la seguridad de la aviación global.
