El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen de contrataciones para el sector público mediante los decretos 1148/2024 y 1149/2024, con el objetivo de optimizar los recursos estatales.
Estas medidas establecen estrictas prohibiciones para designaciones, limitan la duración de los contratos a seis meses y exigen la aprobación de una evaluación de competencias como requisito para la contratación.
Principales cambios: prohibiciones y excepciones
El Decreto 1148/24, firmado por el presidenteJavier Milei, establece que toda alta de personal en el sector público requerirá tres bajas previas. Esta medida busca reducir la estructura del Estado y se enmarca dentro del plan de ajuste impulsado por el Ministerio de Desregulación.
Entre las prohibiciones se incluyen:
Designaciones transitorias en las Plantas Transitorias del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública.
Contrataciones bajo diversas modalidades, como plazo fijo, tiempo parcial o servicios autónomos.
Designaciones en cargos simples de la planta permanente.
Sin embargo, se detallaron excepciones que abarcan sectores estratégicos como el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, universidades, el Servicio Exterior y Guardaparques, así como ciertos cargos ejecutivos y profesionales.
ATE y sus protestas constantes
Criterios para nuevas contrataciones
El Decreto 1149/2024 estipula que las contrataciones realizadas a partir del 1° de enero de 2025 no podrán superar los seis meses de duración, con una fecha límite hasta el 30 de junio de 2025. Además, el personal deberá aprobar la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, requisito obligatorio para todas las jurisdicciones del sector público nacional.
Aquellos empleados que no superen el examen podrán ser contratados únicamente hasta el 31 de marzo de 2025, mientras las empresas estatales y entidades con participación mayoritaria deberán adoptar medidas similares.
"La motosierra continúa": un enfoque hacia la reducción del Estado
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó el alcance del Decreto 1148/24 en sus redes sociales, subrayando que estas medidas refuerzan la política de ajuste estatal: "Cualquier alta de personal en el Estado solo será posible si por cada una el área hubiera verificado tres bajas previas", comentó, en línea con el discurso de austeridad que caracteriza al gobierno de Javier Milei.
El decreto también dispone que las jurisdicciones deben justificar cada solicitud de alta ante la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, parte de la Secretaría de Transformación del Estado.
Justificación oficial y alcance
ATE y sus protestas constantes
En los considerandos de la normativa, el Ejecutivo señaló que las restricciones responden a la "emergencia pública y los objetivos de esta gestión de gobierno". El objetivo central es "optimizar los recursos asignados a las designaciones y contrataciones del sector público", limitando el gasto y fomentando la eficiencia operativa.
Mientras tanto, el Gobierno instó a las empresas y organizaciones con participación estatal mayoritaria a implementar medidas similares, consolidando el ajuste en todas las áreas del sector público.
Impacto y perspectivas
Con estas medidas, el Gobierno de Milei busca implementar un control más estricto sobre las contrataciones estatales, alineado con su estrategia de reducir el gasto público. Las limitaciones impuestas, junto con la exigencia de evaluaciones de competencias, marcan un cambio significativo en la gestión de recursos humanos dentro del Estado.
El alcance de estas políticas y su impacto a largo plazo dependerán del cumplimiento por parte de las entidades públicas y de la capacidad del Gobierno para sostener estas restricciones en un contexto económico y político complejo.
