La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los últimos recursos presentados por Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y el testaferro Lázaro Báez, dejando firme la ejecución de bienes ordenada en el marco de la causa Vialidad. La decisión representa un nuevo revés judicial para la expresidenta y habilita a la Justicia a avanzar sobre propiedades vinculadas a la familia Kirchner para intentar recuperar parte del dinero correspondiente al perjuicio ocasionado al Estado.
La resolución fue adoptada por la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El tribunal concluyó que los planteos de las defensas no presentaban cuestiones federales suficientes que justificaran una intervención extraordinaria de la Corte Suprema y ratificó el criterio aplicado por el Tribunal Oral Federal N.º 2, encargado de ejecutar la condena.
La familia kirchner deberá responder por lo robado en el marco de la Causa Vialidad.
El decomiso está vinculado a la condena dictada en la causa Vialidad, donde se estableció la existencia de una maniobra de corrupción relacionada con la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Tras actualizarse el monto del perjuicio económico causado al Estado, la Justicia fijó una suma de 685.000 millones de pesos que los condenados deberán responder de manera solidaria con sus respectivos patrimonios.
En esta primera etapa, la ejecución alcanza a 111 bienes muebles e inmuebles. De ese total, 80 pertenecen a Lázaro Báez, mientras que otros 20 están vinculados a Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia. Entre las propiedades alcanzadas figuran el hotel Los Sauces Casa Patagónica, departamentos ubicados en la ciudad de Río Gallegos y diversos terrenos en El Calafate.
Los jueces Hornos y Barroetaveña sostuvieron que las defensas se limitaron a expresar desacuerdos con las decisiones ya adoptadas por los tribunales inferiores y remarcaron que el decomiso constituye una herramienta fundamental para impedir que los beneficios obtenidos mediante delitos de corrupción permanezcan en el patrimonio de los responsables.
La resolución también ratificó un criterio central para el avance del decomiso: únicamente podrán ser alcanzados los bienes incorporados durante el período en el que se desarrolló la maniobra investigada, es decir entre 2003 y 2015. Bajo ese parámetro, la Justicia identificó inmuebles adquiridos por Néstor Kirchner durante esos años y posteriormente heredados por sus hijos.
Los kirchner se quedan sin recursos ante el inminente avance judicial.
Si bien Cristina Kirchner y sus hijos todavía podrán presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema, fuentes judiciales señalaron que esa instancia no tiene efecto suspensivo. Por lo tanto, la ejecución patrimonial continuará avanzando mientras el máximo tribunal analiza eventualmente los planteos de la familia Kirchner.
La decisión representa uno de los pasos más importantes en la etapa de ejecución de la condena por corrupción en la causa Vialidad y acerca a la Justicia al objetivo de recuperar parte de los fondos vinculados a una de las mayores causas de corrupción de la historia reciente argentina.
