El Gobierno de Milei licitará un área para buscar petróleo frente a la Costa Atlántica

El antecedente más reciente dejó un resultado adverso. En 2024, Equinor perforó junto a YPF y Shell el pozo Argerich-1, en el bloque CAN-100, frente a Mar del Plata. Aunque la operación permitió confirmar parte del modelo geológico, no encontró señales claras de hidrocarburos y el pozo fue considerado seco.

El proceso surgió después de una manifestación de interés presentada en febrero de 2025 por Challenger Energy Group. La compañía, originalmente británica y actualmente controlada por la canadiense Sintana Energy, cuenta con posiciones exploratorias en Uruguay y experiencia en otros mercados del Atlántico Sur. Sin embargo, el bloque no será entregado de manera directa: la empresa deberá competir con cualquier otro grupo que reúna la capacidad técnica y financiera exigida.

La convocatoria será la primera de este tipo desde la ronda costa afuera lanzada en 2018. Con la reapertura, el Gobierno busca atraer capital privado, tecnología y equipos especializados para ampliar el conocimiento geológico de la plataforma continental argentina, una actividad que requiere inversiones millonarias y asume un elevado riesgo exploratorio.

El fracaso de una perforación, sin embargo, no descarta el potencial de toda la cuenca. El área CAN_200 se encuentra más al norte y forma parte de una zona que las petroleras comparan con el margen atlántico africano. La hipótesis se apoya en que Sudamérica y África estuvieron unidas hace más de 100 millones de años y comparten formaciones geológicas similares.

Los descubrimientos realizados frente a Namibia reavivaron el interés internacional por las cuencas del Atlántico Sur. Sintana sostiene que sus activos en Uruguay presentan similitudes con sus proyectos namibios, donde la empresa participa en distintas licencias de exploración. Además, tras la compra de Challenger, incorporó participaciones en los bloques uruguayos OFF-1 y OFF-3.

El decreto establece que, ante una eventual producción comercial, el concesionario deberá pagar regalías al Estado. Además, habilita cláusulas de arbitraje internacional para ofrecer previsibilidad jurídica a los inversores, sin renunciar a la inmunidad de ejecución sobre las reservas del Banco Central, los bienes públicos, los activos militares, los recursos tributarios ni las regalías.