El tribunal lo iba a dejar en libertad, pero el propio imputado solicitó cumplir la condena efectiva tras admitir su adicción y temor a reincidir.
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Un hecho insólito sorprendió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Córdoba durante la última audiencia de un juicio por narcomenudeo, donde el principal acusado pidió continuar en prisión y cumplir su condena de manera efectiva, pese a que todo indicaba que podría recuperar la libertad.
Se trata de Augusto Manuel Pacicco, un técnico en emergencias médicas de 39 años, acusado de intermediar en la comercialización de pequeñas dosis de cocaína en la localidad de Embalse. El viernes pasado, en una instancia clave del proceso judicial, presentó una carta escrita de puño y letra en la que expresó su decisión de no abandonar la cárcel.
“No me siento apto para reinsertarme en la sociedad”, afirmó en el documento, generando sorpresa entre los jueces y las partes involucradas.
El acusado.
De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de Maximiliano Hairabedian, sostuvo que Pacicco actuaba como intermediario entre consumidores y vendedores.
Según la acusación, indicaba a los compradores a quién acudir o informaba a los vendedores sobre potenciales clientes, recibiendo como pago pequeñas cantidades de droga que consumía rápidamente debido a su adicción.
Durante la audiencia del 5 de junio, el propio imputado describió su situación personal y su historial de consumo: “Consumía cocaína sin control. Desde los 19 años que consumo. Desde que perdí a mi familia caí en las drogas. Perdí a mi mamá, a mi papá y a mi hermano”.
El deterioro provocado por el consumo tuvo consecuencias profundas en su vida. Pacicco perdió su empleo y llegó a quedar en situación de calle antes de ser detenido en abril de 2025.
La carta del acusado.
En el tramo final del juicio, el fiscal solicitó una pena de dos años de prisión al considerarlo partícipe secundario del delito. Por su parte, la defensa, encabezada por el abogado Rodrigo Altamira, buscaba que la condena fuera en suspenso, lo que le habría permitido recuperar la libertad. Incluso el auxiliar fiscal Maximiliano Aramayo no se opuso a esa posibilidad.
El escenario jurídico favorecía esa salida. Al no contar con antecedentes y tratarse de una pena inferior a tres años, el Código Penal habilitaba una condena de ejecución condicional. Sin embargo, la decisión del propio acusado alteró el curso previsto.
En su carta, Pacicco profundizó los motivos de su pedido: “Quiero cumplir con el debido tratamiento psicológico y psiquiátrico para así poder, al término de la condena, salir sin el tormento de ir y firmar todos los meses […] Primero porque sé que no voy a cumplir con esos requisitos y segundo sé que voy a estar con captura por no cumplir con el reglamento […] Salir y no deber ni un día me parece apropiado”.
A pesar de los intentos de su abogado por hacerlo cambiar de opinión, quien le advirtió sobre los riesgos de permanecer en prisión y le ofreció gestionar un alojamiento transitorio, el acusado mantuvo su postura. Sin trabajo ni un lugar donde vivir, insistió en que no quería volver a equivocarse.
Al momento de ejercer su última palabra ante el tribunal, ratificó su decisión. Finalmente, los jueces lo condenaron a dos años de prisión de cumplimiento efectivo.
El caso se inició bajo la investigación del fiscal provincial Luis Pizarro y posteriormente pasó al ámbito federal tras la intervención de Gendarmería Nacional, que permitió avanzar sobre la estructura de provisión de la sustancia.
