El escenario jurídico favorecía esa salida. Al no contar con antecedentes y tratarse de una pena inferior a tres años, el Código Penal habilitaba una condena de ejecución condicional. Sin embargo, la decisión del propio acusado alteró el curso previsto.
En su carta, Pacicco profundizó los motivos de su pedido: “Quiero cumplir con el debido tratamiento psicológico y psiquiátrico para así poder, al término de la condena, salir sin el tormento de ir y firmar todos los meses […] Primero porque sé que no voy a cumplir con esos requisitos y segundo sé que voy a estar con captura por no cumplir con el reglamento […] Salir y no deber ni un día me parece apropiado”.
A pesar de los intentos de su abogado por hacerlo cambiar de opinión, quien le advirtió sobre los riesgos de permanecer en prisión y le ofreció gestionar un alojamiento transitorio, el acusado mantuvo su postura. Sin trabajo ni un lugar donde vivir, insistió en que no quería volver a equivocarse.
Al momento de ejercer su última palabra ante el tribunal, ratificó su decisión. Finalmente, los jueces lo condenaron a dos años de prisión de cumplimiento efectivo.
El caso se inició bajo la investigación del fiscal provincial Luis Pizarro y posteriormente pasó al ámbito federal tras la intervención de Gendarmería Nacional, que permitió avanzar sobre la estructura de provisión de la sustancia.