En una medida que marca un cambio significativo en la política aeronáutica del país, el Gobierno derogó una normativa vigente desde 2013 que obligaba a los organismos de la Administración Pública Nacional a contratar exclusivamente los servicios de Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales del sector.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial bajo la decisión administrativa 1017/2024, se alinea con las iniciativas destinadas a fomentar la competencia y eliminar privilegios legales para empresas públicas.
Fin de la exclusividad para Aerolíneas Argentinas
Desde 2012, el decreto 1191 establecía que los organismos públicos debían utilizar únicamente los servicios de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas o su operador mayorista, OPTAR S.A., salvo en casos excepcionales. Este esquema buscaba proteger a las empresas en las que el Estado tenía participación accionaria.
El nuevo decreto 747/2024 elimina esta obligatoriedad, complementando el decreto 70/2023, que prohíbe otorgar ventajas legales a empresas estatales. Además, se deroga la decisión administrativa 244/2013, que regulaba los procedimientos para estas contrataciones exclusivas, dando paso a un modelo de "competencia abierta" en el que los organismos públicos podrán elegir proveedores según criterios económicos y operativos.
Una política de austeridad y transparencia
Estos cambios se enmarcan en la declaración de emergencia pública económica y administrativa, establecida por el decreto 70/2023, que prioriza la reducción de costos y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. El objetivo es desmantelar estructuras que limitaban la transparencia y promovían la ineficiencia en la gestión presupuestaria.
En este contexto, la decisión administrativa 888/2024, implementada en septiembre, ya había introducido medidas de austeridad para los viajes oficiales al extranjero. Esta normativa exige:
