El ex presidente Alberto Fernández declaró nuevamente ante la Justicia en el marco de la causa por presuntas irregularidades en el sistema de seguros durante su gobierno. Esta vez, amplió su indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello para brindar explicaciones sobre las facturas emitidas entre 2010 y 2019 a favor del broker Héctor Martínez Sosa, pareja de su histórica secretaria María Cantero.
Según un informe de la PROCELAC, Fernández le facturó a la empresa de Martínez Sosa más de $4,2 millones en nueve años, siendo 2019 el de mayor monto facturado. En su defensa, el ex mandatario sostuvo que los pagos correspondían a “informes de coyuntura política y económica” que brindaba a distintos clientes, entre ellos empresas privadas y sindicatos.
La defensa de Fernández: sin favores ni delito
Durante la audiencia, el ex presidente rechazó las imputaciones y señaló que no existe vínculo entre sus servicios profesionales previos al gobierno y las decisiones que tomó en la administración pública. Aseguró que nunca favoreció al broker Martínez Sosa ni participó de maniobras ilegales con los seguros estatales.
Su defensa también apuntó a reivindicar el decreto 823, que eliminó el sistema de coaseguro y otorgó exclusividad a Nación Seguros. Fernández reiteró que la medida fue legal, que no mencionaba a intermediarios, y que incluso limitó las comisiones de los brokers al 10% del monto asegurado.
En esta nueva declaración, solicitó al juez que convoque como testigos a Vilma Ibarra, Juan Pablo Cafiero, Miguel Pesce y Martín Guzmán, para respaldar la legitimidad de las decisiones tomadas durante su gobierno.
La Cámara Federal levantó la inhibición de bienes
En paralelo a la declaración de Fernández, la Cámara Federal revocó la inhibición de bienes que pesaba sobre él y otras 50 personas y empresas. La medida, dispuesta por Casanello en abril, impedía operar con bienes y cajas de seguridad. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah coincidieron en que no hay elementos suficientes para sostener la cautelar. En cambio, el camarista Roberto Boico votó en disidencia.
La resolución fue bien recibida por empresarios y ex funcionarios implicados, entre ellos Alberto Pagliano (ex titular de Nación Seguros), Martínez Sosa, su esposa Cantero y compañías como San Ignacio, Bachellier, San Germán y TGG Broker.
Casanello profundiza la investigación
Desde que asumió el control de la causa en febrero, Casanello dispuso nuevas medidas. Entre ellas, un análisis patrimonial completo de Daniel “El Gordo” Rodríguez, ex policía y uno de los hombres de mayor confianza de Fernández, quien administró la quinta de Olivos durante su mandato. También pidió información fiscal y financiera a la ARCA desde 2015.
Uno de los documentos clave del expediente es el informe de 662 páginas de la PROCELAC, presentado en mayo, que analiza las actividades económicas de Fernández entre 2010 y 2019, cuando no ocupaba cargos públicos.
La causa avanza hacia una definición de las situaciones procesales de todos los imputados. El juez Casanello evalúa si existen elementos suficientes para avanzar con procesamientos o dictar sobreseimientos.
