La Justicia federal abrió una grave investigación que podría vincular a la corrupta expresidente Cristina Fernández de Kirchner con el ataque ocurrido el 17 de junio contra la vivienda del diputado nacional José Luis Espert.
La hipótesis, basada en informes oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional y nuevas imágenes de cámaras de seguridad relevadas por la Justicia federal, sugiere que desde su arresto domiciliario, la exmandataria podría haber participado en la planificación del atentado.
Según confirmaron fuentes judiciales y periodistas que accedieron a la información, una camioneta blanca Chevrolet S10, utilizada para transportar el estiércol arrojado al domicilio de Espert, fue captada por cámaras de seguridad en las inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner, en San José 1111, CABA, a las 16:17 del día 16 de junio, exactamente 24 horas antes del ataque.
La camioneta blanca usada en el ataque.
El vehículo en cuestión pertenece a la firma Construcciones S.A., una empresa que ha sido beneficiada con contratos de obra pública en el municipio que encabeza la kirchnerista Mayra Mendoza. Desde abril de 2022, la camioneta se encontraba asignada al gobierno local y, de acuerdo con la documentación oficial, estaba bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Lo que más llamó la atención de los investigadores es que el rodado había sido asignado a tareas vinculadas al cuidado ambiental, específicamente en el marco de la obra “Acceso Sudeste - Autopista Buenos Aires-La Plata”. No obstante, recientemente fue utilizado en el atentado contra un legislador, lo cual podría constituir una utilización indebida de bienes públicos.
La secuencia fue reconstruida por orden del juzgado federal a cargo de Sandra Arroyo Salgado, quien había solicitado un rastreo completo del recorrido del vehículo. La sorpresa fue mayúscula cuando se constató que la camioneta estuvo detenida a escasos metros del edificio donde la expresidente cumple prisión domiciliaria.
Cristina Kirchner, condenada por corrupción.
La cercanía temporal y geográfica con el ataque a Espert abre la hipótesis de que el encuentro en ese lugar podría haber sido para recibir instrucciones directas de Cristina para el atentado.
De comprobarse judicialmente que desde su lugar de detención la condenada expresidente dio órdenes o coordinó un acto de intimidación contra un diputado nacional, los jueces podrían rever su régimen actual y solicitar su traslado a una cárcel común, argumentando el incumplimiento de condiciones del arresto domiciliario y la reiteración delictiva.
En la causa ya hay siete detenidos por el ataque, entre ellos funcionarios krichneristas de la Municipalidad de Quilmes, militantes de La Cámpora y una concejala del Frente de Todos. Todos tienen vínculos con el kirchnerismo.
