El juez federal Sebastián Casanello procesó al expresidente Alberto Fernández en la denominada“causa Seguros”, por presunta corrupción en la contratación de pólizas por parte de numerosos organismos públicos. Según la acusación, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, el ahora expresidente firmó un decreto que impuso la obligación de contratar exclusivamente con Nación Seguros S.A.
Alberto Fernández, expresidente de Argentina.
La investigación describe un entramado donde 45 contratos, 25 intermediarios y comisiones de más de 3.000 millones de pesos habrían funcionado dentro de lo que la justicia definió como una “estructura criminal” destinada a beneficiar a particulares vinculados al entorno presidencial. El vínculo más comprometedor es el del broker Héctor Martínez Sosa, esposo de una ex secretaria del exmandatario, quien habría intermediado en gran parte de las operaciones.
La acusación señala específicamente que Fernández dictó el DNU 823/2021 sin aval técnico ni transparencia, eliminando la competencia en las contrataciones públicas y perjudicando el interés del Estado. En abril pasado, la Cámara Federal revirtió una inhibición de bienes, aunque el juez Casanello la restableció tras determinar que existían indicios fundados de delito.
El expresidente sostuvo que su decreto buscaba frenar la cartelización y fortalecer a la aseguradora estatal, y pidió declarar a exfuncionarios que podrían respaldar su versión. Sin embargo, la investigación ya recolectó pruebas de facturación millonaria a Martínez Sosa y registros telefónicos que apuntan a un direccionamiento deliberado de contratos.
El procesamiento representa un hito en la causa, pero aún resta que Casanello defina si eleva la causa a juicio oral. En paralelo, la controversia refuerza la narrativa del ala política de libertaria, que sostiene que casos como este justifican la transformación institucional impulsada por el Gobierno actual.
