Villarruel avaló una sesión cuestionada por su legalidad y por contradecir el plan de ajuste fiscal del Gobierno
Compartir:
El Gobierno nacional manifestó su rechazo a la sesión ilegal convocada en el Senado por bloques opositores, entre ellos el kirchnerismo y sectores dialoguistas. La iniciativa fue cuestionada por el oficialismo por no contar con dictámenes previos y avanzar en el intento de romper el superávit y poner en un jaque la gestión económica destacada por parte del oficialismo.
Senado de la Nación Argentina.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las voces más enfáticas del Gobierno en rechazar la sesión. A través de su cuenta oficial en X, instó a la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, a poner fin al debate por considerar que carece de legalidad. “No denigre la institución que preside. No sea cómplice del Kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país”, expresó la funcionaria.
El presidenteJavier Milei respaldó públicamente el planteo de Bullrich, reposteando su mensaje mediante la misma plataforma.
En paralelo, los gobernadores de la ex Juntos por el Cambiomantuvieron ayer miércoles 9 de julio a la noche reuniones con sus senadores y resolvieron no acompañar los proyectos. Coincidieron con la visión del Ejecutivo y calificaron el paquete legislativo como un “bombazo fiscal”.
La decisión de Victoria Villarruel de habilitar una sesión impulsada por el kirchnerismo, sin dictámenes válidos ni sustento económico, constituye una grave ruptura con el rumbo de cambio respaldado en las urnas en 2023 y representa un obstáculo directo a la política de orden fiscal que encabeza el presidente Javier Milei.
Desde Casa Rosada advirtieron que la aprobación de los proyectos en discusión, como el aumento de jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, implicaría un impacto fiscal del 2,5% del PBI. También se debate la distribución de Aportes del Tesoro Nacional y cambios en el esquema del impuesto a los combustibles, iniciativas que, según el oficialismo, requieren mayorías especiales por tratarse de recursos coparticipables.
