La Cancillería argentina presentó una nota de protesta contra las nuevas licencias de explotación de hidrocarburos offshore otorgadas en las Islas Malvinas y cuestionó las actividades británicas en la zona en disputa.
En un contundente despliegue de soberanía llevado a cabo este 22 de septiembre, el Gobierno de Javier Milei, por instrucción directa del canciller Pablo Quirno, presentó una nota formal de protesta ante la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La acción diplomática se ejecutó en simultáneo con la presencia del presidente Javier Milei, del canciller Pablo Quirno y de otros líderes internacionales como el primer ministro británico Andy Burnham en Nueva York, en el marco del Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
Desde el Palacio San Martín, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un categórico comunicado oficial que expresó el enérgico rechazo de la administración libertaria ante el intento del enclave usurpador de otorgar licencias de producción de hidrocarburos offshore en la Plataforma Continental Argentina.
Comunicado oficial de Cancillería
El desencadenante del conflicto fue el anuncio unilateral efectuado por las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas de prorrogar por un período de 5 años todas las licencias vigentes de explotación petrolera en la región, otorgando además la posibilidad de añadir 2 años adicionales supeditados al desempeño de los licenciatarios.
Esta maniobra británica, que contó con el “pleno respaldo” expreso de Londres, buscó anticiparse de forma provisoria a la tercera intervención de Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU, ámbito donde el mandatario ratifica la invalidez absoluta de los referéndums isleños, sostiene que los pobladores no poseen derecho a la autodeterminación y consolida apoyos estratégicos con figuras globales como Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.
Ingresando en los aspectos técnicos y corporativos de la controversia, el ilegítimo esquema colonial aprobó la transferencia de una participación del 65% en el área de licencia PL001 a favor de Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), firma subsidiaria de la israelí Navitas Petroleum. Dicha operación devino de un acuerdo suscripto en febrero entre NAPL y JHI Associates con el objetivo de acelerar los trabajos de exploración e integración en un bloque adyacente a Sea Lion.
Este último constituye un yacimiento de aguas profundas emplazado a 220 kilómetros al norte del archipiélago, el cual ingresó en fase de desarrollo en diciembre pasado con la proyección de iniciar la extracción comercial de crudo en marzo de 2028. Según las estimaciones de los usurpadores, Sea Lion reportaría regalías por USD 2.000 millones a lo largo de un ciclo operativo de 30 años.
Comunicado oficial de Cancillería
El Gobierno argentino dejó asentado que la exploración y explotación no autorizada en el Atlántico Sur vulnera de manera flagrante el derecho internacional y menoscaba sistemáticamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, la cual exige a Argentina y al Reino Unido abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la zona mientras perdure la disputa de soberanía.
Asimismo, la Cancillería invocó la vigencia de las resoluciones 2065 (XX) de las Naciones Unidas y las disposiciones expedidas por el Comité Especial de Descolonización de la ONU. En el fuero normativo interno, la Plataforma Continental Argentina está amparada por las Leyes N° 26.659 y N° 26.915, sumadas al Decreto N° 868/2026 impulsado por el Ejecutivo nacional, declarando la ilegalidad absoluta de cualquier concesión o prórroga que no cuente con la venia soberana de Buenos Aires.
Esta embestida diplomática es el corolario de un plan integral de defensa de la soberanía nacional iniciado el 3 de septiembre, fecha en la que el presidente Javier Milei promulgó medidas para endurecer penas a petroleras ilegales, envió un proyecto legislativo de protección soberana e impulsó el financiamiento para erigir una base naval en Tierra del Fuego.
Andy Burnham
Como derivación de una denuncia penal entablada hace dos semanas, la jueza Mariel Borruto, a cargo de la Justicia Federal de Río Grande, dictó una medida cautelar ordenando a las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited la paralización inmediata de obras, perforaciones e instalaciones en Sea Lion.
El canciller Pablo Quirno aseveró de forma categórica: “La exploración y explotación de hidrocarburos no autorizada en la Plataforma Continental Argentina viola el derecho internacional y las reiteradas Resoluciones de la ONU”, añadiendo que “Reiteramos nuestro enérgico rechazo y seguiremos accionando con todas las herramientas jurídicas y diplomáticas contra las empresas y directivos que operen ilegalmente en territorio argentino”.
Javier Milei y Pablo Quirno
Por su parte, la Cancillería ratificó que el Estado “empleará todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales a su alcance para defender sus derechos soberanos y asegurar que quienes pretendan explotar de manera ilegal nuestros recursos naturales respondan ante la ley”, advirtiendo que los infractores sufrirán sanciones administrativas, civiles y penales.
El documento oficial reitera además la predisposición para entablar un diálogo bilateral sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, cerrando con la consigna irrenunciable que reafirman la Cancillería y el mandatario Javier Milei: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas” y “Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay debate”.
