La querella solicitó ante el Ministerio Público Fiscal la suspensión preventiva de Jennifer Grisel Leiva, acusada de haber elaborado informes centrales para quitarle la tenencia de Ángel a su padre antes del crimen del niño, quien murió tras sufrir 22 golpes.
La suspensión preventiva de Jennifer Grisel Leiva, argumentando que “su continuidad podría entorpecer el esclarecimiento de pruebas” y para evitar la “posibilidad de que ocurriera una situación similar a la de Ángel”.
La prohibición de que la profesional pueda salir del país hasta que se defina su situación procesal.
La preservación de los expedientes del Servicio de Protección de Derechos relacionados a casos de revinculación familiar.
La designación de un perito psicólogo forense independiente para auditar el trabajo de la denunciada.
La desatención institucional fue tal que, en un audio grabado por el propio López durante un encuentro en el jardín de infantes, se escucha a la psicóloga acusar al padre de generar “situaciones de violencia” y de “revictimización” cuando este intentaba advertir que su hijo “no está bien”. Ante el reclamo desesperado del padre afirmando que “no me están haciendo caso por cómo se encuentra mi hijo”, la profesional priorizó el ataque burocrático sobre la protección del menor.
Este caso no solo pone bajo la lupa a Leiva, quien ya contaba con una denuncia previa de la Fundación Más Vida, sino también a la dirección del Servicio de Protección de Derechos y al juez Pablo José Pérez, contra quien la querella ya adelantó que solicitará un juicio político. Mientras el Colegio Profesional de Psicólogos de Chubut intenta defender la actuación de la profesional, la realidad de los 22 golpes en el cuerpo de Ángel expone una falla brutal de un sistema que parece más preocupado por la ideología que por la vida
A poco más de un mes del aberrante crimen de Ángel Nicolás López en Comodoro Rivadavia, la causa ha tomado un giro contundente contra la cadena de negligencias estatales. El 08 de mayo 2026, el padre de la víctima, Luis López, bajo el patrocinio del Dr. Roberto Castillo, formalizó una denuncia penal contra la licenciada Jennifer Grisel Leiva, integrante del Servicio de Protección de Derechos, por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte.
La gravedad del caso queda expuesta en la autopsia, que reveló que el niño de 4 años murió producto de 22 golpes internos. Según la querella, Leiva fue la responsable de elaborar los informes técnicos que resultaron “centrales” para que el juez Pablo José Pérez resolviera quitarle la tenencia al padre y entregar al menor a su madre biológica, Mariela Altamirano, y a su pareja, Maicol González, quienes hoy cumplen prisión preventiva por el homicidio.
La denuncia sostiene que la intervención de la psicóloga careció del “rigor mínimo exigible”, limitándose a realizar “entrevistas de escritorio” sin una “constatación real del entorno familiar ni de la dinámica intrafamiliar” en la que iba a quedar el niño. Ante esta situación, se han solicitado medidas cautelares urgentes ante el Ministerio Público Fiscal:
