A poco más de un mes del aberrante crimen de Ángel Nicolás López en Comodoro Rivadavia, la causa ha tomado un giro contundente contra la cadena de negligencias estatales. El 08 de mayo 2026, el padre de la víctima, Luis López, bajo el patrocinio del Dr. Roberto Castillo, formalizó una denuncia penal contra la licenciada Jennifer Grisel Leiva, integrante del Servicio de Protección de Derechos, por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte.
La gravedad del caso queda expuesta en la autopsia, que reveló que el niño de 4 años murió producto de 22 golpes internos. Según la querella, Leiva fue la responsable de elaborar los informes técnicos que resultaron “centrales” para que el juez Pablo José Pérez resolviera quitarle la tenencia al padre y entregar al menor a su madre biológica, Mariela Altamirano, y a su pareja, Maicol González, quienes hoy cumplen prisión preventiva por el homicidio.
La denuncia sostiene que la intervención de la psicóloga careció del “rigor mínimo exigible”, limitándose a realizar “entrevistas de escritorio” sin una “constatación real del entorno familiar ni de la dinámica intrafamiliar” en la que iba a quedar el niño. Ante esta situación, se han solicitado medidas cautelares urgentes ante el Ministerio Público Fiscal:
La suspensión preventiva de Jennifer Grisel Leiva, argumentando que “su continuidad podría entorpecer el esclarecimiento de pruebas” y para evitar la “posibilidad de que ocurriera una situación similar a la de Ángel”.
La prohibición de que la profesional pueda salir del país hasta que se defina su situación procesal.
