Luis López acusó a Jennifer Leiva por incumplimiento de deberes y abandono de persona seguido de muerte.
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El padre de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia, presentó una denuncia penal contra Jennifer Grisel Leiva, una de las psicólogas que intervino en los informes utilizados por la Justicia para quitarle la tenencia al padre y entregársela a la madre biológica del menor.
Luis López realizó la presentación junto a su abogado Roberto Castillo. La denuncia apunta contra Leiva, integrante del Servicio de Protección de Derechos de Comodoro Rivadavia, por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte.
La madre y su pareja enfrentan una prisión preventiva imputados por el homicidio.
La profesional fue una de las responsables de elaborar informes técnicos que, según la acusación, resultaron centrales para que el juez Pablo José Pérez resolviera entregar al niño a su madre biológica, Mariela Altamirano, y a su pareja, Maicol González. Ambos se encuentran detenidos por el crimen de Ángel.
Castillo fue contundente tras constituirse como querellante en la causa. Afirmó que denunciaron a Leiva porque, según su postura, tuvo un rol preponderante en la muerte del menor. El abogado sostuvo que los informes carecían del rigor mínimo exigible en un caso donde estaba en juego la vida de un niño de apenas cuatro años.
Según la denuncia, las evaluaciones habrían sido realizadas mediante entrevistas de escritorio, sin una constatación real del entorno familiar ni de la dinámica intrafamiliar en la que iba a quedar Ángel. Por ese motivo, la querella pidió la designación de un perito psicólogo forense independiente para auditar el trabajo de Leiva y revisar la actuación del equipo técnico.
El caso también expone una falla brutal del sistema de protección de menores. De acuerdo con Castillo, no se trató de un simple error de diagnóstico, sino de un modo de intervención avalado por la dirección del Servicio de Protección de Derechos. En ese marco, adelantó que más adelante solicitarán el juicio político contra el juez Pablo José Pérez.
El Colegio Profesional de Psicólogos de Chubut intentó defender a la psicóloga feminista.
Leiva ya había sido denunciada anteriormente por la fundación Más Vida, que sostuvo que sus informes habrían sido determinantes para que la Justicia enviara al menor con Altamirano. La organización también apuntó contra Vanesa Marín y aseguró que ambas contaban con información necesaria para proteger a Ángel, pero habrían actuado en sentido contrario.
Ángel murió producto de 22 golpes internos. Su asesinato dejó al descubierto una cadena de decisiones institucionales que hoy está bajo la lupa: informes técnicos, intervenciones estatales, antecedentes de violencia y advertencias que, según la querella, no fueron tomadas con la seriedad que exigía el caso.
