Fuentes cercanas confirmaron una reunión reservada con dirigentes de máxima confianza en el interior del domicilio, en lo que algunos ya califican como una “cumbre de resistencia”. Incluso hay versiones que apuntan a una posible prisión domiciliaria para la ex mandataria en ese lugar.
Desde el kirchnerismo, las reacciones no se hicieron esperar. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, alineado con el relato de la “persecución”, denunció una “infamia consagrada”: “Esta condena representa un final anunciado tras años de perversa persecución política, mediática y judicial. Atacaron a quien se atrevió a transformar la Argentina en favor de las mayorías”.
Kicillof además cargó contra los presidentes Mauricio Macri y Javier Milei, a quienes acusó de despreciar la democracia.
El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, por su parte, repitió su habitual defensa desligando a la ex mandataria de cualquier tipo de delito: “No existe ningún acto típico, antijurídico ni culpable atribuido a Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo, y consideró el fallo de la Corte como uno de los más graves desde 1983.
El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo también se sumó al respaldo, al tiempo que convocó a la unidad del movimiento nacional y popular.
Pero mientras desde el kirchnerismo intentan victimizar a la ex presidenta, la imagen que quedó marcada en la retina pública es la del ataque impune y violento a un medio de comunicación, ejecutado por militantes que —en lugar de aceptar el fallo de un poder independiente como el Judicial— decidieron actuar como fuerza de choque para defender a una condenada por corrupción.
