La Derecha Diario Bolsonaro resiste una ofensiva judicial mientras crecen las críticas a De Moraes
Jair Bolsonaro enfrenta una ofensiva judicial en Brasil, liderada por Alexandre de Moraes, pero denuncia que es víctima de una persecución política.
La Justicia de Brasil otorgó un plazo de 48 horas al ex presidente Jair Bolsonaro para justificar un supuesto intento de asilo en Argentina. La medida fue dictada por el juez Alexandre de Moraes, quien desde hace meses impulsa procesos judiciales contra el líder conservador.
El magistrado alega incumplimiento de medidas cautelares y riesgo de fuga, en el marco de la causa por un presunto “golpe de Estado” tras las elecciones de 2022. Sin embargo, el propio Bolsonaro sostiene que es objeto de una persecución política destinada a eliminarlo de la vida pública brasileña.
Un pedido de asilo en la mira
En un celular incautado, la Policía Federal halló un borrador de 33 páginas con un pedido de asilo político dirigido al presidente argentino Javier Milei. Según las autoridades, el archivo habría sido elaborado por la familia del ex mandatario. El escrito denuncia persecución por motivos políticos y pide resguardo en Argentina.
La existencia de este documento fue utilizada por De Moraes como prueba de la supuesta intención de Bolsonaro de abandonar el país. Sin embargo, nunca llegó a presentarse formalmente y no tenía ni firma ni fecha.
Persecución política y causas débiles
La defensa de Bolsonaro insiste en que los procesos judiciales carecen de sustento y buscan proscribirlo políticamente. Tanto él como sus hijos han sido acusados de “coacción” contra el Supremo Tribunal Federal, en una causa con base en interpretaciones amplias y sin pruebas contundentes.
Para sus seguidores, Bolsonaro enfrenta la misma receta de lawfare que se ha visto en otros países de la región: juicios interminables, acusaciones infladas y un hostigamiento permanente desde sectores de poder que responden al oficialismo de Lula da Silva.
El juez Alexandre de Moraes, cuestionado internacionalmente
El rol del juez al servicio del dictador Lula Da Silva, Alexandre de Moraes, ha sido objeto de críticas dentro y fuera de Brasil. El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió esta semana que sus sanciones contra el magistrado siguen vigentes y son extraterritoriales.
Washington calificó a De Moraes de “tóxico” y advirtió a empresas y ciudadanos que cualquier vínculo con él puede generar sanciones. Se trata de un golpe directo a su credibilidad internacional, que refuerza la denuncia de Bolsonaro sobre el sesgo político detrás de las decisiones judiciales.
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