La gestión del intendente Fernando Rambaldimarcó una postura firme ante las pretensiones de incremento tarifario planteadas para el sistema de Sierras Chicas. Durante la Audiencia Pública del ERSEP su equipo expuso que los porcentajes solicitados impactarían negativamente en el plan de saneamiento financiero local. El mandatario busca resguardar los recursos de los vecinos ante la posibilidad de pagar más sin recibir mejoras tangibles en el servicio.
El ingeniero Darío Nicolás Pintos detalló técnicamente que el municipio asume hoy una socialización de costos de un sistema regional que no utiliza. La ciudad funciona como usuario exclusivo de la planta potabilizadora La Calera y no recibe beneficios directos del resto del esquema regional. Validar incrementos en este contexto afectaría las arcas municipales y trasladaría un peso injustificado al bolsillo de los contribuyentes.
Según los datos aportados oficialmente La Calera abona mensualmente entre 180 y 200 millones de pesos por el servicio de agua. En el transcurso de poco más de un año esa cifra acumulada supera los 2100 millones pesos erogados desde la tesorería municipal. Pese al esfuerzo fiscal realizado por los vecinos se observa una disparidad entre los montos abonados y las prestaciones recibidas efectivamente.
Según los datos aportados oficialmente La Calera abona mensualmente entre 180 y 200 millones de pesos por el servicio de agua.
Infraestructura pendiente y saneamiento de cuentas
Pese al volumen de recursos transferidos el funcionario enumeró falencias como problemas en el ingreso de agua cruda y falta de tomas de emergencia. También se remarcó la ausencia de generación eléctrica alternativa y la carencia de información periódica sobre consumos y calidad del agua. El planteo institucional cuestiona la lógica de autorizar nuevos aumentos sin exigir en paralelo resultados verificables en infraestructura.
La administración de Rambaldi debe afrontar además una pesada deuda generada por gestiones anteriores que no pagaban el agua en bloque ni a EPEC. Hoy se destinan 50 millones de pesos mensuales para regularizar esos pasivos sumados a los 370 millones de gasto corriente. El ejecutivo local lleva adelante una administración austera para honrar los compromisos heredados sin desatender las necesidades de los vecinos.
La administración actual debe afrontar además una pesada deuda generada por gestiones anteriores que no pagaban el agua en bloque ni a EPEC.
La discusión técnica queda ahora en manos del directorio del ERSEP bajo la premisa de que sin obras no debería haber mayor carga para los vecinos. El mensaje es claro: sin información y mejoras cualquier aumento del agua se transforma en una carga injustificada para los usuarios locales. El municipio confía en que el organismo regulador ponderará estos elementos técnicos para garantizar un esquema tarifario justo y equitativo.
