El RIGI empieza a reconstruir la Argentina que espantó al capital

Hay países que necesitan convencer a los empresarios para que inviertan. Argentina pasó demasiado tiempo haciendo algo todavía peor: convenciéndolos de que invertir podía ser una forma sofisticada de ponerse voluntariamente en manos del Estado. Cambios impositivos, controles cambiarios, cepos, regulaciones nuevas y reglas modificadas cuando el capital ya estaba hundido transformaron una actividad económica normal en una apuesta política.

El RIGI nació precisamente para empezar a romper con esa historia. La primera Ronda de Negocios realizada esta semana en Rosario reunió a 43 grandes compañías y organizó más de 2.100 reuniones comerciales, mientras el Gobierno informó que más de 1.200 proveedores ya están vinculados a proyectos aprobados bajo el régimen. Pero el dato verdaderamente interesante no es cuántas empresas entraron a un salón, sino por qué ahora están dispuestas a poner capital.

Estabilidad fiscal, previsibilidad cambiaria, reglas aduaneras claras, seguridad jurídica y horizontes suficientemente largos para recuperar inversiones que tardan años en madurar. El capital no necesita que un funcionario lo felicite por invertir ni discursos sobre patriotismo empresarial. Necesita saber qué impuestos pagará, si podrá importar una máquina, qué ocurrirá con los dólares que genere y si un contrato firmado hoy seguirá significando lo mismo dentro de diez años.

Eso debería ser normal. En Argentina dejó de serlo.

El absurdo fue evidente durante décadas: un país desesperado por conseguir dólares construyó simultáneamente un sistema dedicado a castigar a quienes podían traerlos. Se reclamaban inversiones mientras se multiplicaban controles; se pedían exportaciones mientras aparecían retenciones y restricciones; se exigía producción mientras cada administración se reservaba el derecho de volver a escribir las condiciones una vez que el empresario ya había puesto el dinero. El problema argentino nunca fue que faltaran empresarios. Sobran razones para que muchos hayan preferido no invertir.

Ahí aparece el verdadero significado político del RIGI. El régimen no inventa empresarios ni reemplaza la decisión privada. Intenta retirar del camino una parte del riesgo que el propio Estado argentino había creado. Y cuando ese riesgo disminuye, ocurre algo que décadas de dirigismo parecieron incapaces de comprender: el capital encuentra por sí mismo dónde existen oportunidades.

Los proyectos empiezan a mostrar la magnitud de ese proceso. En Catamarca, Milei inauguró nuevas instalaciones vinculadas al proyecto Fénix de Rio Tinto, cuya expansión contempla inversiones por cientos de millones de dólares. También destacó que 411 de sus 413 proveedores son argentinos. Ese dato permite desmontar otro reflejo de la vieja política: creer que atraer grandes capitales significa beneficiar a unas pocas compañías aisladas del resto de la economía. Una mina, un gasoducto o una planta industrial demandan metalurgia, transporte, ingeniería, software, mantenimiento, energía y cientos de contratos alrededor del proyecto principal.

El llamado “derrame” no tiene nada de mágico: es una cadena de personas produciendo, intercambiando y contratando.

Ahí aparece también el flanco más interesante del propio RIGI. La vieja política creyó durante años que desarrollar consistía en que un burócrata eligiera sectores, repartiera subsidios y decidiera qué actividad merecía crecer. El RIGI tampoco representa todavía el ideal liberal de reglas completamente generales, porque ofrece un régimen específico para determinadas inversiones. Pero justamente eso revela cuánto daño acumuló Argentina: fue necesario construir un marco especial para devolver previsibilidad allí donde debería existir como norma.

Por eso conviene entender al RIGI como un puente. No demuestra que algunas inversiones merezcan privilegios, sino que el régimen general todavía necesita avanzar hacia condiciones más amigables con el capital. Su verdadero mérito está en mostrar qué ocurre cuando se reducen la arbitrariedad, la incertidumbre fiscal y el riesgo regulatorio.

La vara para el futuro debería ser todavía más exigente: que esos principios de estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica se extiendan cada vez más hacia toda la economía. Hacia la metalúrgica que quiere ampliar una planta, la pyme que necesita comprar una máquina y el argentino que arriesga los ahorros de su vida para abrir un negocio.

Eso explica por qué la discusión sobre el RIGI es mucho más profunda que una lista de beneficios tributarios. Lo que está en juego es qué relación quiere tener Argentina con el capital. Durante demasiado tiempo lo trató como sospechoso, cautivo o fuente disponible para cubrir necesidades fiscales. Milei intenta devolverle una función mucho más elemental: ser la herramienta con la que alguien arriesga recursos presentes para producir más en el futuro.

La reconstrucción, entonces, no consiste solamente en atraer inversiones en litio, petróleo, gas o cobre. Consiste en lograr que invertir vuelva a ser una decisión empresarial y deje de parecer una negociación permanente con el poder político.

Porque Argentina no necesita que el Estado descubra dónde invertir. Necesita que deje de destruir las razones para hacerlo.

El verdadero éxito del RIGI no se medirá solamente por los miles de millones que consiga atraer. Se medirá por cuánto contribuya a convertir las reglas, la seguridad jurídica y el respeto al capital en la nueva normalidad argentina.