La Justicia descartó irregularidades en la transferencia de fondos para comprar alimentos y cerró la causa contra Pettovello.
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La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el cierre de la investigación contra la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El expediente analizaba supuestas irregularidades en la transferencia de fondos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la compra de alimentos destinados a comedores comunitarios, que resultaron ser lícitas y ordenadas.
La decisión fue adoptada por la Sala I del tribunal de alzada, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Estos rechazaron el recurso interpuesto por el Fiscal Franco Picardi y confirmaron el archivo dictado en julio de 2025 por el Juez Ariel Lijo. El magistrado de primera instancia había considerado que no existía delito.
Se cerró la causa contra Sandra Petovello tras demostrarse que no hubo delitoEl origen de la causa
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero. Allí se cuestionó que, en febrero de 2024, la Ministra hubiera autorizado c la transferencia de fondos millonarios al proyecto “Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina contra el Hambre”.
Según la acusación, la operación habría superado el tope de 2.700 millones de pesos permitido sin intervención de la Jefatura de Gabinete y habría implicado un costo de gestión del 3% para el organismo internacional.
El fiscal sostuvo que de los 14.000 millones transferidos, 5.271 millones fueron adjudicados mediante licitación pública, mientras que el remanente —8.308 millones— fue reasignado dentro del mismo programa.
La fundamentación de la Cámara
Al analizar el recurso, la Cámara valoró especialmente el informe de la Oficina Nacional de Contrataciones, que indicó que la operatoria se encontraba excluida del régimen general de contrataciones ya que se trataba de un convenio internacional celebrado con una entidad de derecho público internacional.
El Juez Mariano Llorens sostuvo que “las críticas destinadas a sostener que la operación se habría desarrollado sin respetar los parámetros establecidos por la Ley de Administración Financiera y su decreto reglamentario pierden relevancia frente a las constancias adunadas a la pesquisa que dan cuenta de que la transferencia cuestionada se efectivizó dentro del régimen establecido por el programa de ‘Abordaje Comunitario’, respetando las pautas y controles exigidos por el mismo y por fuera de los criterios fijados por las normas que respaldaron la denuncia originaria de estas actuaciones”.
Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, jueces de la Sala I de la Cámara Federal
Por su parte, Bruglia y Bertuzzi destacaron que el programa —vigente desde 2020— contempla mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas. Recordaron que la Revisión “C”, aprobada en agosto de 2023, habilitó la intervención subsidiaria y excepcional del PNUD para la adquisición de alimentos ante proyectos estatales fallidos o ineficaces.
El tribunal también ponderó el dictamen del Servicio Jurídico Permanente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, que no encontró objeciones legales, así como el informe de la Subsecretaría Legal del Ministerio, que otorgó su conformidad.
Entre la documentación incorporada se incluyeron resoluciones ministeriales, órdenes de compra, remitos, actas de recepción y mecanismos de auditoría externa y control financiero.
Sandra Petovello, Ministra de Capital Humano, libre de falsas denuncias
Los camaristas concluyeron que “no hubo una desviación del objeto público comprometido, ni beneficio personal, ni perjuicio al erario público” y que “no se evidencian irregularidades respecto a las sumas involucradas”.
En consecuencia, la Sala I resolvió confirmar el archivo de la causa al considerar que la evidencia reunida resultaba suficiente para descartar la existencia de una conducta penalmente relevante.
