El juicio por los cuadernos de las coimas continúa este jueves en su séptima audiencia ante el Tribunal Oral Federal N°7. Esto continúa después del intento de la defensa de Julio De Vido de recusar a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canedo y Germán Castelli.
La audiencia anterior había quedado marcada por un cuarto intermedio que debía durar diez minutos y terminó extendiéndose casi cinco horas. La transmisión oficial del Poder Judicial había quedado mostrando únicamente una pantalla en negro.

Los abogados defensores kirchneristas, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, acusaron a los magistrados de supuesta "parcialidad". Hecho sucedido tras la publicación de los fundamentos de la condena a De Vido en la causa Gas Licuado.
Hablaron de “palmarias violaciones”, anunciaron una apelación ante la Cámara Federal y hasta plantearon convocar a un veedor del Colegio Público de Abogados. El tribunal rechazó in limine el planteo y el juicio retomó su curso normal.
La fiscalía acusa a una “asociación ilícita para enriquecerse”
Retomada la audiencia, el tribunal avanzó con la lectura del segundo pedido de elevación a juicio presentado por el fiscal Carlos Stornelli en 2019. Se trata de un escrito de 142 páginas que aborda un expediente paralelo al principal iniciado por los cuadernos de Oscar Centeno. También se involucra a Roberto Baratta, su secretario Nelson Lazarte, y a los empresarios Hugo Dragonetti, Jorge Mauricio Balán y Alberto Tasselli.
El Tribunal informó además varias ausencias justificadas. Gerardo Luis Ferreyra, acusado por 22 hechos de coimas, se encuentra internado tras una operación. También fue excusado Néstor Otero, de 87 años, quien presentó un certificado por gastroenteritis aguda con deshidratación.
La imputación, leída por el Secretario Ernesto Javier Ruiz, sostiene que entre 2003 y 2015 funcionó una “asociación ilícita formulada, esquematizada y liderada por quienes ejercieron como máximos referentes del Poder Ejecutivo”.
Según Stornelli, Cristina Fernández de Kirchner, De Vido, Baratta, Centeno y otros imputados integraron una estructura destinada a enriquecerse mediante acuerdos espurios con empresarios.
El fiscal describe dos canales de recaudación: por un lado, Baratta y Lazarte; por el otro, la llamada “Camarita”, con Ernesto Clarens, Carlos Wagner y Juan Manuel López. El dinero se entregaba en el departamento de los Kirchner en Recoleta o en la Quinta de Olivos, para luego favorecer a empresas mediante contratos y adjudicaciones. Las cifras se basan en los cuadernos de Centeno y su declaración como arrepentido.









