Hotel perteneciente a Cristina, vinculado a la corrupción y el lavado de dinero.
La justificación absurda de los Kirchner
Los abogados de los Kirchner rechazaron la medida, insistiendo en la tesis de la “persecución política” y sosteniendo que los bienes fueron adquiridos “de forma lícita, con fondos legítimos”. En su descargo, argumentaron que el objetivo del Ministerio Público no era recuperar dinero del Estado sino “castigar simbólicamente” a una familia por su rol político.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) avanzar de forma inmediata con la ejecución patrimonial contra Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el resto de los condenados en la causa Vialidad. La solicitud se presentó luego de que la ex presidente y sus herederos se opusieran al decomiso de veinte propiedades que el Ministerio Público Fiscal considera adquiridas con fondos provenientes de la corrupción.
La expresidente, Cristina Kirchner, junto a sus hijos Maximo y Florencia.
En su presentación, los fiscales señalaron que existe una resistencia de los condenados a cumplir la sentencia firme y que esa actitud obliga a activar los mecanismos para ejecutar los embargos y recuperar los $685.000 millones (unos 537 millones de dólares) que el tribunal ordenó devolver al Estado.
El fallo y las propiedades en disputa
El 15 de julio, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso intimaron a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros implicados a "pagar de forma solidaria la suma mencionada", equivalente al monto actualizado del daño ocasionado por la maniobra de fraude entre 2003 y 2015.
“La resistencia de los condenados a devolverle al Estado argentino parte de la defraudación colosal y sistemática que llevaron adelante durante 12 años, además de mostrar su falta de arrepentimiento, constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley. Esto obliga al tribunal a activar los mecanismos necesarios para ejecutar los bienes embargados, hasta cubrir la suma de la defraudación”, sostiene el dictamen.
Recuperar lo robado al Estado
Para los fiscales, el decomiso debe aplicarse sobre los bienes obtenidos entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período en el que se cometieron los delitos. En ese marco, señalaron que las propiedades de los Kirchner guardan vínculos directos con Lázaro Báez y con operaciones gestionadas por el contador Víctor Manzanares, acusado de encubrir fondos ilícitos mediante la actividad hotelera.
Luciani y Mola insistieron en que el Estado debe “avanzar en la recuperación de los bienes de la defraudación para asignarlos a fines nobles, útiles y públicos. Es decir, para que ahora sí cumplan las finalidades originales: verdaderas inversiones del Estado en rutas, salud, educación, vivienda, jubilaciones, justicia, seguridad, etc”. También remarcaron el valor simbólico de la medida: “Para desterrar la impunidad de los corruptos, es imprescindible recuperar los activos provenientes del delito”.
La expresidente condenada por corrupción junto a sus hijos.
Finalmente, los fiscales subrayaron que el decomiso busca “reparar el daño ocasionado a la sociedad y restaurar la confianza en las instituciones públicas luego de doce años de corrupción sistemática que socavó la democracia y los derechos de los más vulnerables”.
Sin embargo, los fiscales refutaron cada uno de los planteos. En un dictamen de 65 páginas, Luciani y Mola recordaron que la sentencia de la Corte Suprema confirmó el fallo condenatorio de diciembre de 2022 y que el cumplimiento “no puede quedar librado a la buena voluntad de los condenados”. En este sentido es que reclaman la ejecución patrimonial inmediata de todo lo embargado en la causa Vialidad.
