La Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó a delinear un nuevo esquema de protestas inspirado en el modelo francés, con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Javier Milei mediante medidas que destruyan la economía argentina.
Aunque aún no hay una definición formal sobre fechas ni modalidad, la iniciativa ya circula entre los principales dirigentes bajo el nombre de “semana social de protesta”, un concepto que anticipa un plan de lucha prolongado y escalonado.
La propuesta será debatida en una reunión clave prevista para el miércoles, donde participarán representantes de sindicatos de sectores estratégicos como transporte, industria, energía y alimentación.
La CGT.
El objetivo de la central obrera es reorganizar su estrategia tras una serie de protestas fallidas, y avanzar hacia un esquema que incremente la presión política y económica sobre la administración libertaria.
En ese marco, la CGT ya decidió retomar su ofensiva contra el Gobierno luego de exponer sus críticas en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sin embargo, ante la falta de adhesión a paros generales anteriores, la CGT evalúa alternativas más agresivas y sostenidas en el tiempo.
Manifestantes franceses.
El modelo francés
La idea impulsada por sectores como la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) propone replicar el violento esquema aplicado en Francia durante las protestas contra la reformas de Emmanuel Macron en 2023.
Ese modelo, conocido como “huelga por escalada”, consiste en la paralización rotativa de sectores clave. En lugar de detener todo el país, los sindicatos coordinaban paros por sectores y en forma secuenciada, lo que implica que distintas actividades se interrumpan de manera alternada cada semana, acompañadas por movilizaciones constantes.
Según sus impulsores, este sistema permite sostener el conflicto durante meses, buscando generar el mayor daño económico posible.
En la práctica, se trata de un mecanismo que busca desestabilizar al Gobierno de Milei mediante el impacto en la actividad, sin importar que millones de trabajadores se vean perjudicados en el medio.
Pablo Moyano.
No obstante, la estrategia enfrenta limitaciones legales y operativas. La Ley de Modernización Laboral establece la obligación de garantizar servicios mínimos en sectores esenciales, como transporte, salud, energía y recolección de residuos.
Además, el Gobierno podría dictar la conciliación obligatoria, lo que implicaría suspender las medidas de fuerza durante un período de negociación.
El antecedente reciente de sanciones a gremios que desobedecieron estas disposiciones, como la multa aplicada a La Fraternidad por incumplir la conciliación obligatoria, agrega un elemento de tensión al escenario.
A pesar de estos condicionantes, la CGT avanza en la definición de un plan que podría escalar el conflicto sindical en las próximas semanas. La iniciativa será debatida en distintas instancias internas, incluyendo el Consejo Directivo y el Comité Central Confederal.
