El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir este sábado en todo el país, con una de las principales reformas impulsadas por el Gobierno nacional en materia de seguridad: desde ahora, las personas a partir de los 14 años podrán ser imputados penalmente por los delitos que cometan.
La senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich celebró la entrada en vigencia de la normativa y afirmó que con el nuevo esquema comienza a terminarse la impunidad que existió durante años en torno a los delitos cometidos por menores.
Patricia Bullrich celebró la puesta en vigencia del régimen.
“Se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace”, expresó Bullrich a través de sus redes sociales.
La dirigente remarcó además que el objetivo de la reforma es reforzar la protección de las víctimas. “La Ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos”, sostuvo, y cerró su mensaje asegurando: “Se terminó la impunidad”.
El nuevo sistema reemplaza al régimen vigente desde 1980, que establecía la inimputabilidad de los menores de 16 años. Con la modificación, el límite se reduce a los 14 años, aunque los adolescentes continuarán sometidos a un régimen penal específico y diferenciado del correspondiente a los adultos.
Entre los principales cambios, la normativa establece que las penas privativas de libertad podrán alcanzar un máximo de 15 años y prohíbe expresamente las condenas de prisión o reclusión perpetua para menores de edad.
Además, incorpora diferentes mecanismos alternativos al encierro, entre ellos restricciones de acercamiento, reparación del daño causado a las víctimas, reglas de conducta, actividades educativas y comunitarias y sistemas de monitoreo electrónico.
En los casos en los que corresponda una privación de la libertad, los adolescentes deberán ser alojados en establecimientos específicamente acondicionados y con personal especializado. La legislación también prohíbe que compartan espacios de detención con adultos.
El crimen de Jeremías Monzón, el joven torturado y asesinado por menores de 14 a 16 años fue uno de los disparadores de la sanción.
Otro de los puntos centrales será la mayor participación de las víctimas durante el proceso penal, quienes podrán intervenir en la causa y recibir información sobre su evolución. Asimismo, la legislación contempla la responsabilidad civil de los padres por los daños derivados de los hechos ilícitos atribuidos a sus hijos.
La entrada en vigencia de la reforma representa un cambio profundo respecto del esquema garantista que funcionó durante más de cuatro décadas y cumple con uno de los ejes que el oficialismo había planteado en su agenda de seguridad: reducir la edad de imputabilidad y aumentar las herramientas del Estado para actuar frente al delito.
