La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una votación clave para el rumbo productivo del país. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei y respaldada por gobernadores de provincias mineras, actualiza una normativa vigente desde 2010 que durante años generó trabas legales e incertidumbre para el desarrollo de inversiones estratégicas.
La ley redefine qué áreas deben ser protegidas bajo criterios técnicos concretos, limitando la categoría a aquellos glaciares y zonas periglaciares que cumplen una función hídrica efectiva. De este modo, se abandona la ambigüedad de la ley pasada, que había ampliado de manera indiscriminada las restricciones, incluso en territorios sin impacto real en el sistema de agua.
Uno de los ejes principales de la reforma es el fortalecimiento del federalismo. A partir de la nueva normativa, serán las provincias —titulares constitucionales de los recursos naturales— las encargadas de determinar, con base en estudios técnico-científicos, qué áreas deben ser protegidas y cuáles pueden destinarse a actividades productivas.
En ese marco, se habilita la posibilidad de realizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares que no funcionen como reguladores hídricos comprobables. Sin embargo, la ley mantiene restricciones estrictas en las áreas identificadas como sensibles, donde continúan prohibidas la explotación, la contaminación y la instalación de infraestructura industrial.
