Cámaras de diez provincias quieren adaptar salarios y condiciones a la realidad económica de cada región.
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El histórico poder de Hugo Moyano y su clan en el transporte de cargas enfrenta una amenaza inédita frente al esquema de mayor libertad laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Cámaras empresariales de diez provincias avanzan con convenios regionales adaptados a cada economía, en reemplazo del modelo nacional controlado durante décadas por Camioneros.
La decisión fue acordada por representantes empresariales reunidos en Córdoba a fines de junio y será planteada formalmente durante la asamblea que la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas realizará el próximo 21 de julio en la Ciudad de Buenos Aires.
Hugo y Pablo Moyano, en jaque.
Entre las entidades que impulsan la iniciativa aparecen cámaras de San Juan, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. El objetivo es utilizar el convenio colectivo nacional 40/89 como referencia, pero permitir que cada provincia o región negocie salarios, categorías y condiciones laborales según su propia realidad económica y productiva.
El esquema proyectado tendría una base de diez puntos, considerablemente menor que los aproximadamente 50 ítems contemplados actualmente, y comenzaría a negociarse desde septiembre. Los empresarios aclararon que la modificación no implicaría una reducción del salario de bolsillo de los trabajadores.
“Hoy, todos pagamos un sueldo pactado en Buenos Aires y algunos vivimos en provincias en crisis; es imposible mantener esa estructura”, explicó uno de los representantes disidentes de FADEEAC. Además, aseguró que la determinación empresarial ya fue tomada y que las cámaras del interior no tienen previsto retroceder.
El Gobierno logró aprobar la Ley de Modernización Laboral en febrero.
La rebelión fue posible a partir de la Ley 27.802 de Modernización Laboral impulsada por la admnistración de Milei, que modificó el sistema de negociación colectiva. La normativa permite que los convenios de menor ámbito, como los regionales o empresariales, prevalezcan sobre los acuerdos nacionales correspondientes a toda una actividad.
El cambio representa un golpe directo contra el viejo modelo sindical argentino, construido alrededor de negociaciones centralizadas, estructuras gremiales monopólicas y aportes obligatorios. La posibilidad de que cada empresa o región establezca sus propias condiciones reduce la capacidad de presión de las grandes conducciones sindicales y obliga a sus dirigentes a competir por la representación de los trabajadores.
La CGT teme la disolución de su poder extorsivo.
La preocupación alcanzó a la conducción de la CGT, donde temen que el precedente de libertad en los transportistas se extienda a otras actividades. A esto se suma la limitación de las denominadas cuotas solidarias, que ahora tienen un tope del 2% del salario y una vigencia máxima de dos años. Camioneros mantiene actualmente un aporte del 3%, uno de los más elevados del sistema gremial.
La reforma laboral del Gobierno comienza así a quebrar uno de los principales mecanismos de poder del extorsivo sindicalismo tradicional. La descentralización permitiría acuerdos más cercanos a la realidad de cada provincia, mientras obliga a las conducciones gremiales a abandonar su coacción histórica y demostrar que realmente representan a sus afiliados.
