Una denuncia penal en la Justicia Federal expuso un posible fraude electoral con fallecidos en los comicios de La Calera. El escrito fue presentado por el intendente Fernando Rambaldi y su asesor legal, Agustín Anglada Allende, contra dos exintendentes y una exfuncionaria. Según la presentación, se habrían usado documentos de muertos en elecciones provinciales y nacionales entre 2016 y 2023.
Los acusados son Rodrigo y Facundo Rufeil (primos), exintendentes de la ciudad y dirigentes peronistas, junto a Susana Fiorini, exdirectora del Registro Civil. Se los señala de no haber informado defunciones al Renaper ni a autoridades provinciales, lo que mantuvo activos los DNI de fallecidos. Con ese mecanismo, al menos 35 muertos habrían votado en distintos comicios.
El caso se destapó tras una revisión iniciada por el actual director del Registro Civil, Claudio Martínez, que detectó omisiones graves en los registros. Martínez constató que decenas de difuntos aparecían como votantes en padrones y denunció la situación a la asesoría legal municipal. Las autoridades sospechan que la cifra real de fallecidos que votaron sería mucho más alta.
Copia judicial con datos de fallecidos que votaron en La Calera
Irregularidades que salpican a la gestión anterior
La denuncia incluye documentación oficial, pericias informáticas y constancias de votación obtenidas de la página de infractores del padrón. Entre los ejemplos figura Martha Silvia Arguello, fallecida en 2018, que aparece como votante en las elecciones generales y el balotaje de 2023. También se menciona a Claudia Lucila Calovini, muerta en 2018, registrada como sufragante en 2019, 2021 y 2023.
Otro caso es el de Ana Guevara, fallecida en 2018, que figura como votante en cuatro elecciones posteriores a su deceso. La lista completa detalla 35 nombres con fechas de fallecimiento y comicios en los que supuestamente emitieron sufragio. Según la acusación, las omisiones fueron deliberadas y habrían sostenido un mecanismo sistemático.
Los delitos en estudio incluyen incumplimiento de deberes, falsificación de documentos, abuso de autoridad y falsedad ideológica. Incluso se investiga si existió asociación ilícita para montar la maniobra durante casi una década. El intendente Rambaldi reclamó que los exfuncionarios sean imputados y citados a indagatoria cuanto antes.
