Diferentes ministerios y entidades del sector agropecuario suscribieron un acuerdo de prevención y control.
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La provincia de Córdoba oficializó un acta acuerdo que integra a las carteras de Bioagroindustria, Seguridad y Justicia junto al Ministerio Público Fiscal. Este compromiso interinstitucional tiene como eje central la puesta en marcha del Consejo de Seguridad Rural Provincial para el interior cordobés. El objetivo técnico de esta nueva entidad es coordinar estrategias de vigilancia que den respuesta a los incidentes reportados por los productores locales.
Bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad, el consejo buscará optimizar los recursos operativos que actualmente posee la Patrulla Rural en el territorio. Se pretende que la articulación entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial permita una persecución penal mucho más efectiva de los ilícitos. Las autoridades firmantes indicaron que la extensión geográfica de la provincia exige mecanismos de control adaptados a las particularidades de cada región.
El ministro Sergio Busso remarcó que esta herramienta responde a solicitudes históricas de las entidades del campo para ganar previsibilidad en la actividad. Por su parte, el titular de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, señaló que la iniciativa va a potenciar el despliegue de los efectivos policiales especializados. Asimismo, Julián López, ministro de Justicia y Trabajo, destacó que la sistematización del trabajo investigativo facilitará una respuesta procesal más ágil ante la criminalidad rural.
El objetivo técnico de esta nueva entidad es coordinar estrategias de vigilancia
Medidas operativas y participación de entidades agropecuarias
El plan de acción incluye la creación de canales de comunicación directa mediante grupos de mensajería y sistemas de radio para una alerta temprana. Se contempla un incremento de los patrullajes en franjas horarias identificadas como críticas según las estadísticas delictivas de los últimos periodos anuales. Además, los integrantes del consejo realizarán evaluaciones trimestrales para analizar los resultados obtenidos y ajustar los procedimientos de vigilancia preventiva.
El acuerdo también contempla jornadas de capacitación para los productores sobre el uso de tecnologías aplicadas a la protección de sus establecimientos. La participación activa de las entidades rurales será fundamental para el seguimiento de las metas de seguridad trazadas en este nuevo marco de trabajo. Entre las funciones del cuerpo colegiado destaca la mitigación de hechos delictivos mediante un fortalecimiento real de los vínculos entre vecinos y oficiales.
La firma del documento contó con el aval de CARTEZ, la Federación Agraria Argentina, CONINAGRO y la Sociedad Rural Argentina como representantes del sector. Estas instituciones acompañarán el proceso de implementación técnica para asegurar que las medidas lleguen efectivamente a todos los establecimientos del mapa provincial. La operatividad del consejo dependerá de la fluidez en el intercambio de información entre el Poder Judicial y las unidades de patrullaje rural.
