La iniciativa busca, acertadamente, que el mérito individual prevalezca sobre las cuotas obligatorias impuestas por la agenda progresista.
Un sector de la Legislatura de Córdoba busca derogar las normativas que imponen una distribución forzada de cargos basada exclusivamente en el sexo. El legislador Gregorio Hernández Maqueda presentó esta propuesta para retornar a un sistema de libre idoneidad, junto a Gerardo Grosso y Agustín Spaccesi como coautores del proyecto. Según el texto, la obligatoriedad del "uno y uno" ha distorsionado la representación política al ignorar el esfuerzo personal de los candidatos.
Esta medida legislativa surge bajo la premisa de que las imposiciones legales de género funcionan como subsidios que subestiman la capacidad de los ciudadanos. Los autores consideran que, tras 25 años de vigencia, estas cuotas se han convertido en un techo artificial para quienes desean crecer por cuenta propia. Resulta imperioso que la conformación de las propuestas electorales responda a la aptitud técnica y no a directrices de una agenda ideológica de la izquierda.
La propuesta defiende que las mujeres ya cuentan con plena igualdad jurídica y no necesitan de una tutela estatal que infantilice su participación pública. El debate plantea que el electorado, al igual que cuando elige un profesional médico, prioriza la excelencia del servicio por sobre la sexualidad biológica. Con este cambio, se pretende elevar la calidad de la representación parlamentaria permitiendo que las agrupaciones elijan a sus mejores cuadros técnicos.
"Chau al curro del género. Acabamos de presentar un proyecto de ley para eliminar la paridad de género en las listas. Desde hace 25 años que estamos obligados a conformar listas uno y uno, sin importar el mérito y el esfuerzo", aseguró Hernández Maqueda. Los fundamentos del proyecto indican que estas medidas de acción ya cumplieron su ciclo y hoy solo representan una carga burocrática injusta. La libertad de asociación de los partidos políticos debe ser respetada para garantizar una competencia electoral basada en la transparencia y la competencia.
Hernández Maqueda sostuvo que otorgar un piso del 50% por ley genera una falsa sensación de igualdad que perjudica a quienes llegan a sus puestos por capacidad. En la Córdoba actual, existen al menos tres generaciones de mujeres que se han desarrollado bajo condiciones de equidad jurídica absoluta sin necesidad de cupos. Es momento de abandonar las políticas identitarias que fragmentan a la sociedad y volver a los principios republicanos donde la idoneidad es la única condición.
La iniciativa propone que las listas puedan integrarse con la cantidad de hombres o mujeres que cada partido considere aptos para la función pública. Este retorno a la libertad de organización partidaria busca sanear el sistema democrático de intervenciones estatales que no responden en lo absoluto a las necesidades de los cordobeses. La discusión en la Unicameral pondrá a prueba la voluntad de los representantes para dejar atrás normativas progresistas que siempre estuvieron totalmente alejadas de la realidad social.
