El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, criticó con dureza un documento elaborado por la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, que contiene una serie de recomendaciones sobre cómo debería actuar la Policía provincial frente a manifestaciones públicas. Para el mandatario, se trata de una oficina que no tiene facultades operativas, representa un gasto innecesario del Estado y pretende interferir en responsabilidades que corresponden al Poder Ejecutivo.
“Son unos ñoquis que ganan muy bien”, afirmó Cornejo al referirse a los integrantes del área, y puso en duda la utilidad concreta de una dependencia judicial que, según señaló, emite sugerencias sin tener responsabilidad directa sobre la seguridad pública ni rendir cuentas ante la ciudadanía.
Defensa de la autoridad política y del rol de la Policía
El documento cuestionado propone lineamientos para la “intervención policial ante el ejercicio del derecho a la protesta”, define a la fuerza como un recurso excepcional y se apoya en estándares internacionales de organismos como la ONU, la OEA y Amnistía Internacional. Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial consideran que la Policía de Mendoza ya cuenta con protocolos propios, ajustados a la legislación vigente y a la realidad local.
En ese sentido, Cornejo fue categórico al recordar que, según la Constitución provincial, el gobernador es el jefe político de la Policía y tiene la responsabilidad de garantizar el orden público. “Yo soy el jefe de la policía, electo por el pueblo, y le voy a dar todo el aval para que hagan cumplir la ley”, sostuvo.
