La Corte Interamericana amenaza las soberanías del Continente

La sexualización temprana que promueve la ESI y dispara los embarazos adolescentes y los planes de aborto masivo para frenarlo, como el Plan ENIA, forman parte de un gran negocio circular. 

Esto explica en parte el multimillonario despliegue que presionó a la Argentina a legalizarlo durante el régimen pandémico kirchnerista. Y por qué Kicillof, el nefasto Ginés González García y la izquierda santafesina militaron el negocio floreciente y lo siguen militando junto a laboratorios, universidades, ONG, medios y artistas.

La Argentina cedió, pero muchos poderes legislativos aún se resisten. Y como no logran legalizarlo por vía democrática, buscan imponerlo totalitaria e ilegítimamente como "legislación internacional". Como si la Corte Interamericana fuese una Suprema Corte Continental que determina qué es un derecho y qué no. Es decir, seis jueces sin control están "creando derecho", lo que compete exclusivamente a los legislativos nacionales. Ya el Congreso del Perú promulgó hace días una ley para limitar estos excesos.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), del que la Comisión y la Corte forman parte, está siendo manipulado hace años por un "financiamiento extraordinario" y generando un enorme conflicto jurídico entre los organismos internacionales y las soberanías nacionales, que como diputado de la Nación tengo el deber de denunciar. Es un fenómeno cada vez más extendido que amenaza el orden democrático internacional.

Gobiernos externos y grandes corporaciones presionan desde arriba para imponer, normalizar y legalizar prácticas que amenazan la vida, la seguridad y la libertad de expresión, con un sesgo político ideológico que favorece a los gobiernos de izquierda que los respaldan.

Actúan a través de recomendaciones y observaciones de los organismos internacionales que financian. Por eso la CIDH acosa a gobiernos de derecha por la criminalización del narcotráfico y la protesta social, la penalización del aborto y los etiqueta como discurso de odio mientras es llamativamente empático con los gobiernos dictatoriales de izquierda.

La Corte Interamericana tiene la misión de hacer cumplir la Convención Americana sobre Derechos Humanos que expresamente define en sus primeros artículos que "persona es todo ser humano" y tiene derecho a que se respete su vida "a partir del momento de la concepción". Los estados miembros se comprometieron a cumplir esos derechos, no otros.

Pero estos jueces consideran que son los intérpretes últimos del tratado, que es un "instrumento vivo". Y lo están alterando por vía jurisprudencial, contraviniendo lo pactado por los estados. Es decir, están agregando obligaciones que los países no se comprometieron a cumplir. Y lo que pidan a El Salvador, ellos y cualquier corte nacional podrá pedirlo a sus propios países.

Es lo que llaman "control difuso de convencionalidad". Por ejemplo, si piden un protocolo de aborto no punible, que en la Argentina sabemos que fue lo que naturalizó esa práctica y condujo directamente a su legalización.

Por eso, si los jueces en la sentencia piden a El Salvador, por este caso que es un fraude, cualquier medida que favorezca el aborto, como protocolos o guías para la interrupcción del embarazo o el falso aborto terapéutico o la ampliación de causales de despenalización o la creación de un supuesto derecho al aborto, significa que traicionaron la Convención y que pusieron en venta sus sentencias al mejor postor.

En cualquiera de nuestros países serían acusados de prevaricato y conflicto de intereses ¿pero a quién rinden cuenta estos jueces?

Si algo de esto sucede, convertirán a la Convención Americana en un cheque en blanco que pone en riesgo la seguridad jurídica de todo un Continente y en un instrumento de desestabilización política al servicio del mejor postor. Una Corte así perderá toda legitimidad y hará implosionar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Beatriz recibió los cuidados adecuados y dio a luz a su hija a quien llamó Leilani. Tuvo a la pequeña en sus brazos, que falleció horas después. Su mamá la amó y la visitó en el cementerio durante cuatro años hasta que, a causa de un accidente de tránsito, también perdió la vida.

Pedimos a los jueces que hagan prevalecer, también para ellos, el Estado de Derecho. No es Beatriz contra el Salvador. Es Beatriz, Leilani y toda Latinoamérica contra la tiranía de los poderosos "globalistas". Tienen sus días contados. Ellos decidirán de qué lado de la historia quedarán.