La Corte Suprema habilitó el juicio oral contra la comunista Vanina Biasi

En su resolución, Rafecas sostuvo que los mensajes “alentarían o incitarían a la persecución o el odio contra la comunidad judía”, remarcando además el efecto amplificador de las redes sociales. Según el magistrado, la masividad del canal utilizado potencia la capacidad lesiva de ese tipo de discursos, independientemente de la intención alegada por quien los emite.

El caso se originó a partir de una denuncia impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli, con la participación de la DAIA como querellante. La investigación se centró en ocho publicaciones realizadas entre noviembre de 2023 y enero de 2024 desde la cuenta verificada de Biasi en la red social X, donde la legisladora difundió mensajes que la Justicia consideró de contenido antisemita.

Entre las expresiones analizadas figuran afirmaciones en las que equiparó al Estado de Israel con el nazismo y calificó al sionismo como genocida. Para el juez federal Daniel Rafecas, estas publicaciones no podían ser interpretadas como simples críticas políticas, sino que constituían un discurso que excede los límites de la libertad de expresión al impactar directamente sobre un colectivo religioso.

El procesamiento fue confirmado posteriormente por la Cámara Federal porteña y, más tarde, la Cámara de Casación Penal también rechazó los planteos de la defensa. En ese contexto, Biasi intentó llegar a la Corte Suprema con un recurso extraordinario en el que denunció una supuesta afectación a la libertad de expresión y acusó al Poder Judicial de actuar como un mecanismo de disciplinamiento político.

Sin embargo, el máximo tribunal descartó ese planteo por extemporáneo, lo que en los hechos dejó sin efecto la última vía de apelación disponible. De esta manera, la causa, que ya había sido elevada a juicio a fines de 2025, podrá avanzar hacia el debate oral y público.

El juicio estará a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá evaluar las pruebas reunidas durante la instrucción y determinar si las expresiones de la legisladora constituyeron un delito o si se encuentran amparadas por la libertad de expresión.