La Corte Suprema de Justicia avanzó hacia la modificación del sistema de selección de jueces en Argentina, con el objetivo declarado de reducir la discrecionalidad y priorizar el mérito en los concursos judiciales. A través de una acordada firmada por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal estableció un nuevo reglamento que ya fue enviado al Consejo de la Magistratura para su análisis.
La iniciativa se enmarca en un contexto de fuertes cuestionamientos por parte del cuerpo al actual mecanismo de selección, donde han señalado la falta de transparencia y el peso excesivo de instancias subjetivas, especialmente las entrevistas personales. En ese sentido, la Corte planteó la necesidad de garantizar que la idoneidad y la formación académica sean los criterios centrales para definir a los futuros magistrados.
Horacio Rosatti, miembro de la CSJN y presidente del Consejo de la Magistratura.
El nuevo esquema propone cambios estructurales en el proceso. Entre ellos, se destaca una mayor valoración del rendimiento académico y los antecedentes profesionales, en detrimento del recorrido burocrático dentro del sistema judicial. Además, se busca introducir reglas más claras y previsibles para las entrevistas, reduciendo su influencia en el resultado final de los concursos.
Uno de los puntos más relevantes es la intención de limitar los márgenes de arbitrariedad que, según la propia Corte, han distorsionado en algunos casos el orden de mérito de los postulantes. La acordada remarca la necesidad de establecer criterios objetivos que impidan que decisiones discrecionales alteren los resultados de los concursos.
El proyecto también incorpora modificaciones técnicas. Se prevé la digitalización del proceso de inscripción, la implementación de sistemas que garanticen el anonimato en las evaluaciones y una nueva estructura de exámenes dividida en etapas, incluyendo pruebas de conocimiento general y resolución de casos prácticos.
Asimismo, se propone la creación de dos tipos de concursos: anticipados y especiales. Los primeros funcionarán como regla general y permitirán cubrir vacantes previstas, mientras que los segundos serán utilizados en situaciones excepcionales. Esta organización apunta a mejorar la planificación y agilizar la cobertura de cargos judiciales.
Otro cambio significativo es la reducción del peso de la entrevista personal, que pasará a tener un puntaje limitado y deberá realizarse de manera pública, con transmisión audiovisual y acceso abierto a la ciudadanía. La medida busca aumentar la transparencia en una de las instancias más cuestionadas del sistema.
Juan Bautista Mahiques confirmo el envío de 62 pliegos al Congreso.
En paralelo, el Gobierno nacional continúa con el envío de pliegos al Congreso para cubrir vacantes, en un proceso que busca normalizar el funcionamiento del Poder Judicial y acotar sus prolongados tiempos de respuesta. En ese marco, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que ya se inició el proceso formal para remitir al Senado los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces.
De este modo, tanto la iniciativa de la Corte Suprema como el avance del Gobierno en el envío de pliegos reflejan la necesidad de dar discusiones de fondo sobre el funcionamiento del sistema judicial. En ambos casos aparece como eje la búsqueda de mayor transparencia, la reducción de arbitrariedades y la mejora en las respuestas a la población.
