En un nuevo golpe judicial que profundiza el ocaso político y judicial de Cristina Fernández de Kirchner, el Tribunal Oral Federal N° 2 rechazó este jueves el pedido de la expresidente para frenar la ejecución de sus bienes, medida derivada de la condena por corrupción en la Causa Vialidad.
El fallo, firmado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, confirma que la líder del kirchnerismo deberá afrontar el decomiso de la suma determinada en la sentencia, monto actualizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A su vez, la Cámara de Casación deberá resolver si el índice de cálculo utilizado es correcto, luego de que la defensa cuestionara la metodología.
Para los magistrados, las quejas de la exmandataria no tienen sustento jurídico: “La arbitrariedad que se denuncia resulta ser, al final de cuentas, una discrepancia con la decisión del tribunal de cumplir con lo anunciado desde el dictado de la sentencia”. En este sentido, ratificaron que no corresponde “forzar una supuesta excepción dirigida específicamente a una persona —en este caso, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner—” para alterar lo resuelto.
La condenada Cristina Kirchner.
El kirchnerismo, acorralado por las pruebas y sin margen de maniobra, insistió en que el monto calculado es “técnicamente inadecuado” y que debería aplicarse la tasa pasiva del Banco Nación —lo que reduciría la cifra en hasta cien veces— en lugar del Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Según el escrito presentado por su abogado, Carlos Beraldi, la cifra fue adoptada “sin debate previo” y vulnera el derecho de defensa.
Cristina, en su descargo, intentó desligarse de toda responsabilidad: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado ni bienes o ganancias que resulten el producto del referido episodio”. Sin embargo, el tribunal fue contundente: el pronunciamiento es “inconmovible” al haberse agotado todas las vías recursivas.
Mientras millones de argentinos sobreviven con salarios mínimos, la ex mandataria reclama la restitución de más de 21 millones de pesos mensuales.
Incluso, la expresidente amenazó con recurrir a la Corte Suprema y a “organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos” para frenar el decomiso, maniobra que recuerda a las estrategias dilatorias que durante años blindaron la impunidad del kirchnerismo.
La resolución representa una victoria para quienes exigen que los responsables de la corrupción devuelvan lo robado al Estado. En el clima político actual, marcado por el avance de políticas de transparencia y orden impulsadas por la administración nacional, este fallo se interpreta como un símbolo de Justicia sin condicionamientos partidarios.
