En un giro que bordea lo tragicómico, Cristina Fernández de Kirchner, ex presidente de la Nación y actual referente del kirchnerismo, declaró a través de sus abogados que no puede “subsistir” ahora que carece de las millonarias asignaciones que percibía por haber ocupado la jefatura de Estado y por ser viuda del también ex presidente Néstor Kirchner. La presentación fue realizada ante la ANSES en un tono alarmista, denunciando que su mandante “no posee bienes” y que cualquier ingreso a su patrimonio “quedaría automáticamente paralizado” por una inhibición judicial.
“El único ingreso que le permite subsistir”, afirmaron, “es su asignación mensual vitalicia”, a la que calificaron como un derecho de la seguridad social inembargable. Una narrativa que intenta construir una imagen de vulnerabilidad financiera para quien, hasta hace poco, cobraba cifras escandalosas.
Cristina Kirchner, condenada por corrupción. $21.828.203,92, producto de dos prestaciones: $19.645.844,41 correspondientes a su jubilación como ex presidenta, y $15.609.453,32 como pensión por viudez. En total, en términos brutos, sus ingresos ascendían a $35.255.297,73 mensuales.
Como si fuera poco, Cristina Kirchner gozaba también de un “adicional por zona austral”, debido a que declaró domicilio en Río Gallegos. Solo en septiembre de 2024, ese plus sumó $5.960.861 adicionales, liquidados en ambas asignaciones.
La decisión del gobierno nacional de suspender estos pagos —fundamentada en la incompatibilidad del cobro simultáneo de dos beneficios según la Ley 24.018— desató una reacción inmediata del entorno kirchnerista, que busca revertir la medida mediante acciones administrativas y judiciales. Cabe recordar que esa incompatibilidad aún se encuentra bajo análisis de la Justicia, en una causa abierta desde hace tiempo.
La ex mandataria, Cristina Fernandez de Kirchner.
Cristina Fernández de Kirchner elevó un insólito reclamo judicial alegando que no puede “subsistir” sin sus jubilaciones de privilegio, que en su pico le reportaron más de $21,8 millones netos mensuales. En abril de 2025, la jubilación mínima en la Argentina alcanza apenas los $285.820,74, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000, totalizando $355.820,74. Incluso los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o vejez reciben $270.074,44 con el bono incluido. Frente a este panorama de desigualdad brutal, la ex presidenta —procesada por múltiples causas de corrupción— pretende equiparar su situación con la de los sectores más vulnerables del país, utilizando el término “subsistencia” para defender un privilegio millonario que está hoy bajo la lupa judicial y social.
