La expresidente insiste en recuperar los más de 22 millones de pesos mensuales que cobraba por pensiones vitalicias.
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En medio del renacimiento económico que enfrenta la Argentina y con una condena firme por corrupción, Cristina Fernández de Kirchnerreclama ante la Justicia la restitución de sus pensiones de privilegio suspendidas por el gobierno de Javier Milei. El expediente, sin embargo, permanece paralizado: primero un juez se excusó, luego su reemplazo rechazó tomar el caso, y ahora el expediente vuelve a fojas cero.
La expresidente presentó una demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para que se anulen las resoluciones administrativas 1092/2024 y 94/2025, dictadas por el actual gobierno, que suspendieron el pago de dos pensiones: la suya como expresidente y la correspondiente a su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner. El monto total bruto asciende a $35.255.297,73, distribuidos en $19.645.844,41 por su cargo y $15.609.453,32 por el beneficio derivado de Néstor Kirchner.
Cristina Kirchner, expresidente de Argentina.
En la demanda, la defensa de Fernández de Kirchner solicitó además una medida cautelar para que se restituya de inmediato el pago de esos beneficios mientras se resuelve el fondo del asunto. Argumentaron que la exmandataria “está inhibida y no posee bienes, cualquier emolumento que ingresara a su patrimonio quedaría automáticamente paralizado por la inhibición dictada, por tanto, sus asignaciones mensuales vitalicias son el único ingreso que le permite subsistir”.
El reclamo judicial se presentó luego de que la Sala IV de la Cámara de Casación confirmara, en noviembre de 2024, la sentencia condenatoria por corrupción en la causa Vialidad. Cristina fue hallada responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con una pena de seis años de prisión y inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La exmandataria ya había recurrido a la Justicia para defender sus beneficios en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández. En aquel entonces, el juez subrogante Ezequiel Pérez Nani falló a su favor, sin que la ANSES —bajo la conducción de Fernanda Raverta— apelara el fallo. Ahora, sin embargo, el contexto político cambió y la decisión judicial podría tener otras implicancias.
Mientras millones de argentinos sobreviven con salarios mínimos, la ex mandataria reclama la restitución de más de 21 millones de pesos mensuales.
El propio juez Pérez Nani, que ya la había beneficiado en el pasado, decidió excusarse de intervenir nuevamente. Alegó que se encuentra ternado en un concurso para juez titular y que cualquier decisión podría “ser incorrectamente interpretada como comprometida con el proceso de selección”, lo que pondría “en duda la necesaria imparcialidad”.
El expediente fue reasignado a la jueza Karina Alonso Candi, quien primero rechazó la excusación de su colega, asegurando que “el deber de los jueces de cumplir con la función encomendada implica que a veces sea necesario abordar cuestiones sobre las que se debe imponer determinado criterio”. Sin embargo, finalmente también rechazó tomar el caso, y lo devolvió a la Mesa General de Entradas de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
