Los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Rodrigo Giménez Uriburu comenzarán en febrero a delinear los pasos necesarios para avanzar con la orden emitida a finales de 2024.
Se trata de llevar a cabo el juicio oral contra Cristina Kirchner por presunto encubrimiento a los ciudadanos iraníes acusados del atentado a la AMIA, a través del polémico Memorándum con Irán, una denuncia impulsada por el fiscal Alberto Nisman antes de su asesinato.
Los preparativos para este juicio habían quedado paralizados debido a una presentación realizada por las defensas, la cual fue aceptada por el tribunal oral con una composición distinta. Anteriormente, se había ordenado citar como testigos a Ronald Noble y Joel Sollier, antiguos directivos de Interpol, en el marco de la causa del Memorándum con Irán. Asimismo, se resolvió realizar una "instrucción sumplementaria" y aceptar a más de 300 personas como testigos en el proceso.
La condenada por corrupción, Cristina Kirchner.
Entre los nombres de esa lista figuran el ex agente de inteligencia Horacio "Jaime" Stiuso, el ex juez Rodolfo Canicoba Corral y el actual magistrado y aspirante a procurador general Daniel Rafecas, además de legisladores que participaron en el análisis del Memorándum, como el ex senador Miguel Ángel Pichetto, el diputado del PRO Waldo Wolff y la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.
También se incluyen ex funcionarios como Aníbal Fernández, Julio De Vido y Ricardo Echegaray, junto al dirigente radical Mario Cimadevilla, quien estuvo a cargo de la UFI-AMIA durante la administración de Mauricio Macri, aunque renunció en medio de controversias vinculadas a la postura de esa querella en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA.
El origen de la causa
La causa tiene su origen en la denuncia presentada por Alberto Nisman en enero de 2015, cuando Cristina Kirchner aún era presidente. En su momento, la denuncia fue desestimada por el juez Daniel Rafecas y por la Cámara Federal porteña, con dos votos contra uno.
Posteriormente, el entonces fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes apeló la decisión, pero el fiscal de Casación Javier De Luca decidió no sostener el recurso, argumentando que no se configuraba ningún delito. Finalmente, la Sala I de Casación, con los votos de Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Luis Cabral, consideró válida la decisión de la fiscalía en mayo de 2016.
Sin embargo, en los tribunales de Comodoro Py surgió una nueva denuncia por traición a la patria dirigida a la ex presidente, al ex canciller Héctor Timerman y a los legisladores que apoyaron el Memorándum con Irán.
Como elemento adicional, se presentó una grabación de una conversación entre Timerman y el ex presidente de la AMIA, Guillermo Borger, en la que ambos discutían sobre la presunta responsabilidad de Irán en el atentado y el hecho de que el Memorándum de Entendimiento había sido declarado inconstitucional.
Tras múltiples idas y vueltas, el caso fue asignado al juzgado de Claudio Bonadio, quien, el 7 de diciembre de 2017, procesó y ordenó la detención de Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini, quien no había sido incluido originalmente en la denuncia de Nisman, el dirigente piquetero Luis D’Elía, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el lobbista iraní Jorge Khalil. No obstante, Cristina Kirchner no fue encarcelada debido a que había asumido recientemente como senadora.
Sin prisión preventiva, fueron imputados el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, actual senador; la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; el ex funcionario del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, ahora ministro de esa cartera en la provincia de Buenos Aires; Andrés Larroque, responsable de Desarrollo Social en dicha provincia; el ex vicecanciller Eduardo Zuain, y el ex agente de inteligencia Alan Bogado.
Cristina Kirchner, expresidente de Argentina.
A todos se los acusó de encubrimiento y traición a la Patria. A Héctor Timerman se le otorgó arresto domiciliario debido a su estado de salud.
La Cámara Federal ratificó los procesamientos, aunque excluyendo la figura de traición a la Patria, y también las detenciones en diciembre de 2017. En enero, el juez Sergio Torres permitió que Timerman recuperara su libertad para recibir tratamiento médico en el extranjero. El caso fue derivado rápidamente a un tribunal oral.
El 24 de marzo de 2018, Zannini, D’Elía y Khalil fueron liberados por orden del Tribunal Oral Federal (TOF), con respaldo de la fiscalía, al considerar que no existía riesgo de fuga ni posibilidad de obstrucción.
"Esta acusación es un disparate judicial, institucional y político", expresó Cristina Kirchner ante los magistrados del Tribunal Oral, antes de que el juicio diera inicio. También criticó a los jueces de Casación que intervinieron en el caso, señalando sus supuestos vínculos con el gobierno de Mauricio Macri.
En octubre de 2021, el Tribunal Oral Federal 8, integrado por los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, resolvió sobreseer a Cristina Kirchner y a los demás imputados, argumentando que el Memorándum con Irán constituía una decisión de política exterior que no podía ser objeto de judicialización.
Sin embargo, la DAIA y los familiares de las víctimas apelaron. En septiembre de 2023, los jueces de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña ordenaron que el juicio oral prosiguiera. Esta decisión fue apelada por Cristina Kirchner y los otros acusados, pero el 5 de diciembre la Corte Suprema rechazó ese planteo, descartando que hubiera arbitrariedad o gravedad institucional en la decisión de Casación, que había dispuesto llevar el caso a un juicio oral y público.
