En medio de las crecientes críticas a la nefasta gestión en la Provincia de Buenos Aires, el manejo financiero del gobierno encabezado por el gobernador kirchnerista Axel Kicillof vuelve a quedar bajo un severo escrutinio político e institucional. La abogada Silvina Martínez expuso públicamente que el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNYA), área que orbita bajo el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad conducido por Andres Larroque, dispone de un abultado presupuesto de $184.000 millones de pesos para el ejercicio 2026.
Esta gigantesca masa de recursos, destinada teóricamente a la promoción y protección de derechos, la responsabilidad penal juvenil, la administración de casas de cuidado, hogares e instituciones especializadas para niños y adolescentes vulnerables, hoy se encuentra bajo sospecha de alimentar una “maquinaria de corrupción” en beneficio de la estructura gubernamental.
La controversia cobró escala judicial tras una denuncia formal presentada ante la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires por parte de D. A., una asistente de Minoridad y empleada activa de dicho organismo.
En su presentación, la trabajadora solicitó la intervención urgente de una unidad fiscal especializada para investigar la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, reclamando además auditorías integrales y la adopción de medidas cautelares para preservar documentación física, servidores y registros informáticos. La denunciante solicitó investigar específicamente el desempeño de una directora de un dispositivo dependiente de la entidad, dejando abierta la posibilidad de extender la imputación hacia los estratos más altos del organigrama estatal.
El núcleo central de la presentación expone la articulación de un “mecanismo similar al sistema de Chocolate Rigau”, caracterizado por la exigencia ilícita de “retornos” o “cometas muy importantes” sobre las partidas salariales otorgadas al personal.
Según detalló la exposición de Silvina Martínez, el Estado provincial liquida fondos correspondientes a guardias y horas extras en las cuentas bancarias de los empleados; sin embargo, los trabajadores son coaccionados a devolver hasta la mitad de dicho dinero a las autoridades del organismo.
Como patrón ejemplificador de la maniobra, si a un agente se le acreditan 100 horas extras, este se queda únicamente con 50 y debe entregar las 50 restantes a la cúpula administrativa. Aunque inicialmente se justificó ante los dependientes que dicha exacción buscaba financiar la “compra de medicamentos para menores alojados” y mantener la estructura, el avance del esquema demostró la existencia de un circuito espurio apropiado por funcionarios.
