Los distintos gobiernos de España, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, adoptaron medidas para "combatir el cambio climático", las cuales incluyen la destrucción de presas y embalses.
Esta política, impulsada con la excusa de la "restauración del cauce natural de los ríos y la preservación del ecosistema fluvial", tuvo como consecuencia la demolición de cientos de infraestructuras de contención de agua.
Políticas "verdes" en crisis
Los recientes graves episodios de inundaciones en varias regiones del país, especialmente tras la DANA en Valencia, dejaron en evidencia los peligrosos efectos de estas demoliciones y las consecuencias de estas políticas "verdes" en la vida de los ciudadanos.
La Agenda 2030 de Naciones Unidas, y en particular su Objetivo 13, insta a los países a adoptar medidas urgentes para "mitigar los efectos del cambio climático", incluyendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la prevención de fenómenos climáticos extremos.
En este marco, la demolición de presas y azudes se convirtió en una herramienta para "naturalizar" los ríos y así fomentar la biodiversidad. España abrazó esta política sin cuestionamientos, convirtiéndose en el país líder en Europa en demolición de estructuras fluviales, con 560 embalses y represas destruidas en las últimas dos décadas.
Sin embargo, esta decisión dejó a millones de personas expuestas a las devastadoras consecuencias de las lluvias intensas, aumentando el riesgo de inundaciones que antes eran contenidas en gran medida por estas estructuras.
El impacto de las demoliciones
En las recientes inundaciones en Valencia provocaron que muchas personas se cuestionen si el derribo de algunas presas, como la de Retuerta en Ávila, Robledo de Chavela en Madrid, o la más reciente, en el río Ter, agravó el impacto de las lluvias al dejar los cauces sin capacidad de retención de agua.
Se sabe que, en situaciones de crecidas, los embalses controlan el caudal de los ríos y evitan que el agua inunde zonas habitadas o de cultivo. Por lo tanto, al reducir el número de estas infraestructuras, se redujeron también las barreras que evitaban el avance de los torrentes.
Además, el gobierno español destinó 2.500 millones de euros al derribo de presas hasta el 2030, algo que prácticamente atenta contra la vida de las personas.
Mientras algunas naciones destinan recursos a fortalecer infraestructuras de protección hídrica, España sigue desmantelando barreras con la excusa de una "restauración fluvial".
Las consecuencias de las recientes inundaciones evidencian que la destrucción de presas y embalses dejó a muchas regiones en una situación de vulnerabilidad mayor, algo que terminó provocando una mayor cantidad de muertos y desaparecidos.
