El escándalo por el rescate de 13 menores explotados en un hogar de Florencio Varela sigue sumando elementos que agravan el cuadro ydejan al descubierto posibles responsabilidades dentro de los municipios involucrados. La Justicia investiga no solo las condiciones inhumanas en las que vivían los chicos, sino también un presunto encubrimiento por parte de funcionarias del sistema de niñez de La Matanza.
El caso se centra en el hogar “Nido de Águilas”, ubicado en la localidad de La Capilla. La investigación está a cargo de la Fiscalía N.º 8 de Berazategui, encabezada por el fiscal Ernesto Daniel Ichazo, y se inició tras la denuncia de uno de los menores.
Imágenes del hogar.
Según surge de la causa, los chicos eran obligados a realizar trabajos físicos extremadamente exigentes para su edad. Entre las tareas, debían preparar cemento, levantar piedras y maderas, realizar trabajos de albañilería, cortar cañas con machetes y mantener el predio. Las jornadas se extendían durante todo el día, incluso bajo la lluvia o en condiciones climáticas adversas.
Además, los menores eran forzados a encargarse del cuidado de animales en condiciones insalubres, incluyendo la limpieza de los desechos de más de 30 perros y caballos, utilizando carretillas y sin supervisión adecuada.
El esquema incluía castigos severos: si se negaban a cumplir las tareas, podían ser privados de alimento o expulsados al exterior durante la noche o en jornadas de frío. También se registraron situaciones de abandono sanitario, ya que los menores debían trabajar incluso estando enfermos y sin recibir atención médica.
Los investigadores detectaron hacinamiento, falta de higiene, alimentación deficiente y una vulneración total de derechos básicos. En algunos casos, los chicos dormían junto a perros y tenían prohibido mantener contacto con vecinos o personas externas, lo que impedía que se conociera lo que ocurría dentro del lugar.
A esto se suma que muchos de los menores no asistían regularmente a la escuela, profundizando el deterioro de su situación y consolidando un esquema de aislamiento.
Durante los allanamientos, realizados por el área de Cibercrimen contra las Infancias y delitos conexos a la trata de personas de la Policía bonaerense, se secuestraron celulares, computadoras y documentación relevante. Las responsables del hogar fueron detenidas e indagadas, aunque se negaron a declarar.
Uno de los puntos más graves de la investigación apunta a un posible encubrimiento agravado por parte de dos funcionarias del Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de La Matanza.
Según consta en la causa, habrían utilizado información interna para alertar a las responsables del hogar sobre inspecciones judiciales. Incluso, una de ellas habría enviado mensajes anticipando operativos y brindando detalles clave para permitir la eliminación de pruebas y el acondicionamiento del lugar antes de los procedimientos.
