El día que Myriam Bregman se ausentó en la votación para prevenir abusos sexuales infantiles

El proyecto fue aprobado sin votos negativos y con el respaldo de los legisladores presentes. La ausencia de Bregman, en ese contexto, volvió a despertar críticas por la contradicción entre el discurso público de la izquierda en materia de género y niñez, y su comportamiento en la práctica política.

El antecedente se suma a otro episodio que ya había generado fuertes cuestionamientos. En noviembre de 2016, Bregman votó en contra de una modificación a la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que buscaba restringir salidas anticipadas y beneficios para condenados por delitos graves contra la integridad sexual.

Aquella reforma, que luego fue sancionada como Ley 27.375, impedía que condenados por delitos sexuales accedieran a determinados beneficios penitenciarios. La votación registró 134 votos afirmativos y 69 negativos, entre ellos el de la actual referente del Frente de Izquierda.

Bregman intentó justificar ese voto al sostener que la reforma no trataba exclusivamente sobre violadores y que, según su postura, otorgaba mayor discrecionalidad al Servicio Penitenciario. Sin embargo, su comportamiento quedó registrado: votó en contra de una norma que brindaba más protección a las victimas de abuso.

Mientras la socialista y "feminista" acusa a sus críticos de difundir noticias falsas, los documentos parlamentarios muestran una secuencia que desarma toda su narrativa: primero votó contra limitar beneficios a condenados por delitos sexuales, luego no participó de una votación clave para prevenir y detectar abusos contra menores.

Según los registros legislativos, Bregman figuró entre los diputados presentes al inicio de la sesión. Sin embargo, al momento de la votación, su nombre no apareció entre los votos afirmativos ni entre las abstenciones. Es decir, la legisladora de izquierda no participó de una votación destinada a fortalecer herramientas de prevención, detección y actuación frente a casos de abuso sexual infantil.

La iniciativa apuntaba a que instituciones deportivas, sociales, recreativas, educativas, religiosas o de cualquier otra índole, tanto públicas como privadas, construyeran protocolos de prevención y detección de abusos contra menores junto con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción.