El día que Raúl Alfonsín metió presos a 3 periodistas por hablar mal de su gobierno

Junto a Fraga, fueron detenidos Daniel Horacio Rodríguez (periodista de La Prensa), Jorge Antonio Vago (director de Prensa Confidencial), Ernesto Raúl Luciano Rivanera Carlés, Enrique Gilardi Novaro y Alberto Hernán Camps. Todos fueron privados de su libertad sin acusación formal ni intervención judicial, en un contexto donde la libertad de expresión parecía estar subordinada a la conveniencia política.

La portada del diario Clarín del 25 de octubre no dejaba lugar a dudas: “Arrestan a civiles y militares por el clima de perturbación”, titulaba con letras de catástrofe. A los pocos días, 11 de los 12 detenidos fueron liberados sin haber sido procesados. Sólo Suárez Mason permaneció más tiempo en prisión preventiva, debido a su implicación directa en causas por delitos de lesa humanidad.

Mientras tanto, el mismo día que se decretaba el Estado de Sitio y se encarcelaba a Rosendo Fraga, el Poder Judicial liberaba al actor Norman Briski, quien había estado detenido tres días bajo sospechas de vínculos con Montoneros. Un contraste que reflejaba la arbitrariedad de las decisiones gubernamentales de ese momento.

Las elecciones legislativas del 9 de noviembre de 1985 se celebraron con el Estado de Sitio vigente. Pese al clima de tensión, la UCR se impuso con el 43% de los votos, consolidando su mayoría parlamentaria. Pero el precio institucional fue alto: se instaló un precedente peligroso en el que el Ejecutivo nacional actuó por encima de las garantías constitucionales, silenciando a voces disidentes bajo el pretexto de preservar el orden.

Rosendo Fraga, detenido por pensar distinto, nunca quiso hablar demasiado del tema. Años después, su figura se consolidaría en el mundo académico y mediático, incluso ocupando portadas del espectáculo cuando contrajo matrimonio con la actriz Mónica Gonzaga, ícono del cine nacional de los '80. Hoy, a 39 años de aquel hecho, vale la pena recordar que dentro el sistema impuesto por 'el padre de la democracia'  se hacia la vista gorda ante el encarcelamiento de ciudadanos sin juicio previo ni pruebas concretas.

En plena 'democracia', y a semanas de una elección clave, Raúl Alfonsín firmó un decreto que permitió la detención sin juicio de 12 personas —entre ellas, Rosendo Fraga— por el solo hecho de expresar opiniones que su gobierno consideró “desestabilizadoras”. Un episodio silenciado de la historia reciente, donde la libertad de expresión fue la principal víctima.

En octubre de 1985, la democracia argentina vivía una de sus pruebas más duras desde la recuperación institucional. Bajo un clima de amenazas de bomba, tensión castrense y operaciones políticas en el marco de las elecciones legislativas, el presidente Raúl Alfonsín adoptó una medida extrema que hoy, a casi cuatro décadas de distancia, sigue generando inquietud: el arresto arbitrario de 12 ciudadanos —militares y civiles— sin intervención judicial previa.

El 22 de octubre de 1985, el mandatario radical firmó el Decreto 2049/85, ordenando la detención por 60 días de seis militares y seis civiles, todos acusados de participar en un supuesto intento de desestabilizar al gobierno constitucional. La decisión se tomó sin pruebas judiciales firmes y antes de haber decretado formalmente el Estado de Sitio, lo que dejó las detenciones al margen de la legalidad vigente.

La medida fue ratificada tres días después, el 25 de octubre, cuando Alfonsín decretó el Estado de Sitio —una figura reservada constitucionalmente para situaciones de extrema gravedad institucional— y consolidó así un episodio que quedaría marcado como uno de los más controvertidos de su gestión.

Entre los detenidos se encontraba el general retirado Guillermo Suárez Mason, figura vinculada a crímenes durante la última dictadura cívico-militar, junto a otros oficiales de peso: Pascual Oscar Guerrieri, Alejandro Agustín Arias Duval, Osvaldo Rodolfo Antinori, Leopoldo Cao y Jorge Horacio Granada.

Pero también fueron encarcelados civiles que no tenían ninguna relación con acciones armadas ni militares. El más conocido era el analista político Rosendo Fraga, hoy habitual comentarista en medios nacionales, quien en ese entonces ya oficiaba de consultor y se destacaba como una voz crítica del gobierno radical. Su herencia familiar —descendiente de tres generaciones de militares— y su vínculo con sectores castrenses alimentaron las sospechas del oficialismo, aunque nunca se le demostró participación alguna en maniobras golpistas.