La dictadura de Insfrán arrestó a cuatro periodistas de LN+ que exponían las necesidades de la gente

Adoctrinamiento escolar:

Como muestra adicional de las prácticas antidemocráticas que caracterizan a la dictadura kirchnerista de Gildo Insfrán, la represión al periodismo coexiste con el adoctrinamiento político partidario impuesto a los menores en el sistema educativo provincial. Un caso emblemático ocurrió en la escuela primaria EEP N° 59 “Leonor Mauriño”, ubicada en la localidad de Gran Guardia, donde la delegada zonal educativa Gladys Esther González desplegó un discurso de “claro contenido político partidario” ante los alumnos.

En dicho establecimiento, la funcionaria interrogó a los estudiantes sobre la entrega de guardapolvos, zapatillas y útiles escolares, además del suministro de leche y el comedor escolar. Ante el silencio de los niños, Gladys Esther González insistió de manera coercitiva:

“El gobierno provincial. ¿Cómo se llama el gobernador?”, forzando a los alumnos a responder en coro “Gildo Insfrán”. Acto seguido, la delegada aseveró ante la clase que “Eso es una decisión política del señor gobernador” y recriminó a las docentes que la falta de respuesta inmediata constituía un aspecto por trabajar.

Este episodio motivó la rápida intervención del Gobierno nacional presidido por Javier Milei, el cual, mediante el Ministerio de Capital Humano, cursó un pedido formal de explicaciones e inició investigaciones sobre el área educativa de Formosa. La cartera nacional condenó enfáticamente el hecho señalando que “la utilización del ámbito escolar para exaltar a una autoridad en funciones constituye un hecho de gravedad institucional”, sentenciando que dicha manipulación “vulnera el principio de neutralidad que debe regir en las instituciones educativas y compromete la libertad de conciencia de los alumnos”.

En su descargo, ADEPA precisó que el expediente demuestra que el equipo de LN+ contaba con autorización inicial para ingresar al predio y que se retiró en forma pacífica en el instante en que le fue solicitado. Asimismo, descalificó que la condena se sostenga en la sola denuncia del cacique Guillermo López, cuya versión contradice las grabaciones audiovisuales y los testimonios recabados en el lugar. La asociación concluyó que la sentencia no constató invasión violenta, clandestinidad ni agresiones, advirtiendo que exigir acreditaciones oficiales para investigar constituye un velado mecanismo para condicionar qué periodistas pueden cubrir asuntos de interés público.

Para justificar la sanción, el tribunal argumentó una supuesta infracción al artículo 73 del Código de Faltas provincial. Según el criterio del magistrado, los comunicadores operaron sin la "autorización" previa exigida por el poder provincial y carecían de un carnet estatal "para ejercer el periodismo" dentro del territorio formoseño.

La arbitraria sentencia provocó un inmediato repudio de la ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), organismo que exigió la urgente revisión de la medida y alertó sobre la extrema gravedad del fallo. La entidad recordó tajantemente que en la Argentina no se requiere licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo, resultando inadmisible penalizar con arresto el cumplimiento de una función informativa.