En una señal contundente del cambio económico que atraviesa la Argentina, las provincias dieron un giro de 180 grados en sus cuentas públicas: cerraron el año 2024 con superávit financiero tras años de déficit crónico. Inspiradas por el ambicioso plan de ajuste del Gobierno de Javier Milei, las jurisdicciones subnacionales aplicaron su propia versión de la “motosierra” y lograron, en conjunto, un excedente del 0,1% del Producto Bruto Interno, luego de haber terminado el 2023 con un rojo de 0,3%.
Este viraje fue confirmado por dos informes técnicos elaborados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y Politikón Chaco. Según el relevamiento del IARAF —que incluye datos de 22 jurisdicciones— el resultado primario provincial alcanzó los $2,3 billones, mientras que el financiero fue superavitario en $767.000 millones. Para graficar el impacto: en 2023 ese mismo resultado financiero fue deficitario en $611.000 millones.
Excluyendo a La Pampa y Santiago del Estero, por falta de datos completos, el resultado primario pasó de 0,1% a 0,4% del PBI, y el financiero de -0,3% a +0,1%. El informe de Politikón Chaco coincidió con este diagnóstico y mostró que, como porcentaje de los ingresos totales, el superávit primario consolidado fue del 2,6% (contra el 0,5% de 2023), y el financiero del 0,9%, revirtiendo un rojo del 1,6%.
Quedaron excluidas La Pampa y Santiago del Estero por falta de datos.
Esta mejora fiscal fue producto del orden y la austeridad. En efecto, las provincias sufrieron una caída real anual del 12,7% en sus ingresos totales. Las transferencias corrientes del Estado nacional se desplomaron 65,7%, mientras que los tributos de origen nacional retrocedieron 8,4% y los provinciales 7,4%. Solo los ingresos no tributarios mostraron un leve repunte (+4,7%), impulsados por regalías (+7,4%).
Frente a esta merma, las jurisdicciones optaron por ajustar con firmeza: el gasto total consolidado cayó 15,1% real, lo que equivale a $15,4 billones a precios constantes de 2024. Según Politikón, el 43% del ajuste se concentró en gasto en personal, el 21% en transferencias y el 16% en inversión real directa. El gasto en personal bajó 15%, los intereses de deuda 30%, las prestaciones de seguridad social 11,6% y las transferencias corrientes 10,8%. El gasto de capital se redujo aún más: 32,6%.
San Luis (-40,9%), La Rioja (-28%) y Mendoza (-21,8%) encabezaron el podio del recorte más profundo. En el extremo opuesto, Neuquén (-1,5%), Chubut (-5,4%) y CABA (-6,8%) aplicaron los ajustes más moderados. Neuquén fue, de hecho, la única provincia que logró mejorar sus ingresos en términos reales (+6,4%), gracias al empuje de Vaca Muerta.
En términos fiscales, 19 provincias terminaron con superávit primario. Jujuy (15,2%), San Luis (13,7%) y San Juan (13,7%) fueron las que lideraron el ranking. Solo tres jurisdicciones cerraron con déficit primario: Catamarca (-2,1%), Buenos Aires (-2,9%) y Chaco (-5,2%). En cuanto al resultado financiero, seis provincias aún mostraron desequilibrio, siendo Chaco (-7,6%) y Buenos Aires (-5,8%) las más afectadas.
Resultado fiscal de 2024 de cada provincia.
El orden fiscal se logró, además, con un fuerte protagonismo de las provincias más grandes: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, CABA y Mendoza explicaron el 62% de la pérdida de ingresos y el 56% del ajuste total.
Pero el camino no termina ahí. El Fondo Monetario Internacional —que elogió el esfuerzo fiscal— redobló la apuesta y reclamó avanzar en una reforma impositiva que elimine “impuestos distorsivos”. En la letra chica del acuerdo firmado con la Argentina, el FMI sostuvo que “el sistema tributario argentino sigue siendo excesivamente complejo y distorsivo, con una carga general que obstaculiza el crecimiento y la competitividad”.
En particular, los técnicos del organismo destacaron que “la dependencia de los impuestos distorsivos es especialmente alta”, y mencionaron entre los más problemáticos al impuesto a las exportaciones, el gravamen a las transacciones financieras y, en especial, Ingresos Brutos. Este último, señalaron, “no permite la deducción de los impuestos pagados en etapas anteriores” y “afecta negativamente la competitividad externa, la profundización financiera y el costo total de hacer negocios”.
El FMI fue claro: “Se deben eliminar gradualmente los impuestos provinciales distorsivos y se debe dar mayor énfasis a la mejora de la valoración de los activos inmobiliarios y de tierras”. Incluso propuso un rediseño de la tributación sobre los recursos energéticos y mineros, en sintonía con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por la administración de Milei.
